Sí Mónica Rangel Martínez no tuvo en su audiencia del viernes un resultado más adverso e incluso le permitió recuperar su libertad, pese a haberse declarado culpable de los delitos de delincuencia organizada y ejercicio indebido de funciones públicas, fue por que la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona lo quisieron así.
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Desde ayer circularon en redes sociales videos con fragmentos de la audiencia judicial que determinó la suerte de la excandidata de Morena a la gubernatura.
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En uno de ellos, el juez de control le explica a la procesada que “lo que está proponiendo la Fiscalía es que, al día de hoy, a través de un mecanismo que se llama procedimiento abreviado, que como su nombre lo indica, no es otra cosa más que abreviar lor tiempos, es una forma anticipada de terminar el proceso que se le instruyó a usted”.
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El beneficio legal está previsto en el Código Penal del Estado y fue aplicado al pie de la letra, intercambiando la prisión que recibiría Rangel Martínez por la devolución de los 22 millones de pesos reclamados por la Fiscalía.
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La estrategia concuerda con el discurso reciente del mandatario estatal, que señalaba que prefería recuperar el dinero desviado a tener gente en la cárcel.
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La doctora Rangel y su defensa tuvieron, gracias a la propuesta de la Fiscalía, la oportunidad para pedir la suspensión condicional de la pena.
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Por otra parte, los videos muestran que el juez explica a la acusada que antes de hacer efectiva la propuesta, debe cumplir ciertos requisitos, como la renuncia a seguir un juicio oral, aceptar la condena de 4 años y diez meses y devolver los 22 millones de pesos que reclamaba la FGE para resarcir el daño.
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Y el más importante, aceptar la responsabilidad de los hechos ilegales que le imputó la fiscalía. En suma, declararse culpable.
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Además, debe someterse a ciertas condiciones orientada al control de sus traslados y actividades, lo que, en cierto modo, acota la libertad obtenida.
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En estricto sentido, el mensaje es: el gobierno estatal dio, y el gobierno estatal puede quitar.
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Mucha promoción para el estado, mucho glamour, pero sobre todo, mucho dinero invertido.
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El gobierno del estado tiene la obligación de transparentar cada peso de un evento que lució
muy oneroso.
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Lamentablemente, la transparencia no es el fuerte de este gobierno.
¡HASTA MAÑANA!