Apapacho de la IP Orta: segunda caída
El tono de la defensa de las principales cámaras empresariales al secretario de Seguridad Pública para que no sea sometido a un juicio político en el Congreso es peculiar.
Y es que en el desplegado apenas se dedican dos líneas a lo que consideran son los méritos del trabajo de Pineda Arteaga, que justificarían la suspensión de su juicio político: que hay cambios, que hay resultados y detenciones importantes.
Tenía que ser así, vagamente, como tuvo que defender al funcionario, porque las estadísticas son devastadoras. La realidad tampoco está de su lado.
En cambio, casi todo el desplegado está enfocado a distribuir la responsabilidad del desastre en que se ha convertido la inseguridad en San Luis a otras instancias: el propio Congreso, La Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. También se resaltan algunas fallas y omisiones.
En general, la postura empresarial tiene lógica y razón. No sólo ha fallado la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía General sigue siendo un dinosaurio a la hora de investigar, y no siempre lo hace bien. Y el Nuevo sistema de Justicia Penal parece diseñado para no meter a nadie a la calle.
El sistema de combate y castigo a la corrupción en San Luis Potosí es una caricatura. Pese a las evidencias que se han mostrado en varias situaciones, que involucran a funcionarios de casi todos los niveles, las autoridades involucradas en su combate no han hecho prácticamente nada y la impunidad es la que domina.
Pero en ocasiones, por otras vías, se llega a algo que aunque está lejos de ser un verdadero castigo, deja la impresión de que ciertas actuaciones oscuras o polémicas no quedan limpias.
Ayer, a horas de que el gobernador Juan Manuel Carreras López enfrentara una protesta de Ciudadanos Observando por la inclusión de la ex diputada local priista Martha Orta en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En la pasada legislatura, Martha Orta participó, como casi todos sus compañeros, en el esquema que desvió recursos de la partida de gestoría institucional, falsificando identidades de presuntos usuarios y justificando los gastos con facturas de empresas fantasma.
La Auditoría Superior del estado la obligó a devolver 60 mil 510 pesos, entre la cantidad malversada y los intereses generados, luego de que se comprobaran las irregularidades.
Pudo haber regresado el dinero, pero de que incurrió en una ilegalidad, lo hizo.
La renuncia de Orta es el segundo traspié del gobierno del estado por contratar personajes polémicos. Una compañera suya en el Congreso, Rebeca Terán, también por los mismos motivos, se separó de la coordinación del DIF en Valles.
Las versiones oficiales de esas salidas han sido las consabidas renuncias voluntarias, pero es inocultable la influencia de esos negros antecedentes.
En ambos casos, Ciudadanos Observando, la organización civil anticorrupción, destacó los nombramientos, los criticó y presionó para que no recibieran un cargo púbico tras olémicas actuaciones.
No es justica, se insiste, pero parece que eso es a lo más se puede aspirar en San Luis.
¡HASTA MAÑANA!