Dinero perdido La alcaldía cedió
En el asunto de las auditorías al ejercicio de recursos públicos, casi siempre se queda en el imaginario público la danza de cifras millonarias que reportan los entes fiscalizadores como mal ejercidas y los pretextos que ponen las dependencias responsables de esas anomalías para justificarlas anomalías.
Pero luego, queda en el limbo el factor más importante de todo esto: el destino del gasto federalizado mal ejercido.
La Coparmex hace un esfuerzo para recordar que tras los reportes, están millones de pesos perdidos.
En el caso de San Luis Potosí, se trata de casi 370 millones de pesos acumulados en tres años del gobierno de Juan Manuel Carreras López.
Sería más, si consideramos la suma señalada por la Auditoría Superior del Estado por las anomalías registradas en el ejercicio del presupuesto local.
En todo caso, es una buena oportunidad para recordarle al gobernador Juan Manuel Carreras López y a los funcionarios relacionados con la recuperación de ese dinero que ya se han tardado en concretar esa tarea.
Al final, el gobierno de Xavier Nava Palacios acabó cediendo e instauró la Unidad de Atención a Asuntos Indígenas. Lo más probable es que fue como el cumplimiento de una orden judicial, en un litigio sostenido por habitantes indígenas del municipio contra el ayuntamiento.
El asunto le costó un enfrentamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que giró dos recomendaciones al ayuntamiento en las que lo instaba a instaurar la unidad.
Es de esperarse que la alcaldía diga que no actuó movida por
las recomendaciones.
De cualquier modo, la alcaldía ya cumplió. Si los grupos indígenas que iniciaron el litigio que concluyó con el nuevo ente municipal no presentan algún recurso de inconformidad legal, el caso está resuelto.
Pero es muy probable que sea así, dada la animosidad del grupo indígena.
La reacción del presidente provisional del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Ramón Infante Guerrero, a la sugerencia del líder estatal de la Coparmex, Jaime Chalita Zarur, de disolver esa instancia y renovarla desde cero tiene una falla.
Habla de los integrantes del consejo como si fueran “ciudadanos de a pie”, cuando en realidad, buena parte de ellos han sido, en algún punto de su carrera, funcionarios públicos, ligados a la política incluso.
Él mismo lo fue, en la alcaldía de Matehuala, donde en alguna administración anterior fungió como Coordinador de Desarrollo Social.
Tan funcionario fue que en 2017, tuvo que pagar casi 25 mil pesos a la Auditoría Superior del Estado para resarcir una observación.
Otro de los integrantes está cuestionado porque su cargo público en otro ayuntamiento chocaba con la normatividad que regula la idoneidad de los aspirantes al Consejo.
El actual presidente formal del CPC es regidor en otra alcaldía de la Zona Media. Estaba en campaña el año pasado, cuando también se acercaba al CPC.
Las justificaciones están ahí, pero es muy difícil desligar a alguien de la política y del gobierno. Quizá por eso es necesario un segundo intento para rescatar de políticos y ex funcionarios al CPC.
¡HASTA MAÑANA!