Paradoja carcelaria Atorón sindical
Los efectos del Nuevo Sistema de Justicia Penal se perciben claramente en el sistema penitenciario potosino: desde su implementación y entrada en vigor formal, se ha venido registrando una disminución gradual en la población carcelaria en San Luis.
En cinco años, de 2014 a 2018, hay casi mil reos menos albergados en las cárceles de la entidad. Casi un 30 por ciento, de acuerdo al Inegi.
Como efecto colateral totalmente previsible, el número de custodios asignados a esos centros penitenciarios también ha bajado. En el mismo lapso, hay 133 elementos menos en el sistema.
Entre las ideas centrales del NSJP estaba el de despresurizar los penales, que se habían convertido en sobrepobladas universidades del crimen, aminorando las causales por las que una persona acusada de un delito debía ir a la cárcel preventiva.
El mecanismo, a juzgar por los resultados de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, funcionó… al menos para las cárceles.
Porque en las calles, la creciente inseguridad tiene como uno de sus principales acicates en la impunidad. Si los delincuentes tienen más oportunidades para evitar el encierro, y si esas facilidades están incrustadas en el propio sistema legal, parece que éste está funcionado para ellos y no para la sociedad.
Y en general, ese es el sentimiento que permea en la sociedad. El NSJP como una puerta giratoria que permite a los delincuentes salir de la cárcel inmediatamente después de haber ingresado es metáfora frecuente cuando la población habla del sistema judicial.
Las metas del NSJP son entendibles, e innegablemente es positivo que las cárceles no estén llenas. Hubiera sido mejor que esa circunstancia estuviera acompañada de un descenso de la criminalidad en las calles.
Todo apunta a que en Palacio de Gobierno, la semana iniciará con el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUSTGE) aún abierto.
El sindicato parece decidido a no ceder en sus pretensiones de un incremento del seis por ciento, situación que el gobierno de Juan Manuel Carreras López no está en condiciones ni tiene la voluntad de cumplir.
Pero otra condición que el SUTSGE colocó en la mesa de negociaciones es la salida de la oficial mayor, Amelia Andrade, con la que hay una relación pésima.
Y en ese caso, mucho menos aceptaría el gobierno estatal cumplir con la exigencia.
Así pues, con los principales puntos de las exigencias sindicales sin margen de negociación, una solución pronta no se ve.