El gobierno del estado recibió un revés ayer con la decisión de un juzgado especializado en materia laboral que otorgó al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado una suspensión provisional a la polémica medida de retirarles los servicios médicos del IMSS
a los burócratas.
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No se trata de una situación definitiva, pues se emitió una suspensión provisional, apenas, luego de que el Juzgado Segundo rechazara entra en el asunto.
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El sindicato recurrió a la instancia laboral y obtuvo una reconsideración.
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El asunto representa un revés a la intención del gobierno del estado y seguramente tendrá una respuesta. Pero el fallo del tribunal laboral, en el sentido de que la decisión vulnera el derecho a la salud de menores de edad, es un punto difícil de superar.
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El asunto se complica porque el del SUTSGE no es el único fallo en contra. Hay al menos otros dos expedientes, presentados por burócratas en lo individual, que también tuvieron resolucio-
nes favorables.
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El peor de los casos para gobierno es que se acumulen más amparos.
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El transporte de carga está viviendo momentos problemáticos en estos días. Y además de la inseguridad, enfrentan la explotación del gremio de las grúas que los auxilian en caso de accidentes u otros contratiempos en carretera.
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Los costos exorbitantes que aplican por este servicio rebasan con mucho las cuotas permitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que no ejerce sus facultades de vigilancia y sanciones.
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Con la protesta de ayer, se espera que la dependencia federal recuerde sus obligaciones para meter orden en ese asunto.
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¿Quién da más? La alcaldía publicó ayer en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para la subasta pública del predio conocido como “Arroyos”, ubicado en el Eje 140, en La Pila.
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Los 97 mil 487 metros cuadrados de superficie tendrán un precio base de 75 millones cien mil pesos, que el gobierno de Enrique Galindo espera que sea superado con mucho. La cita es el 17 de marzo.
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La reunión entre autoridades de la UASLP, la Unión de Asociaciones de Personal Académica (UAPA) y de la SEP no arrojó nada en concreto sobre el retiro del apoyo para el pago de la cuota del 8% de los empleados universitarios al ISSSTE.
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Sólo que “se plantearon diversas opciones” para compensar la aportación, aunque no se establecieron cuáles.
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La prioridad, de acuerdo al comunicado universitario, es “cumplir con la normatividad vigente respecto al ejercicio de los recursos públicos federales”. Parece que la situación de los académicos está en un segundo plano.
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¡HASTA MAÑANA!