Rebasando la ley ¿Y la directora del Tangamanga

Está claro que como ocurre en cada gobierno, las fracciones parlamentarias mayoritarias suelen parecerse mucho al número de votos obtenidos por quien gana la elección y en este caso, es obvio que el ganador de la contienda del 6 de junio tiene un Congreso local completamente a modo, para las reformas legislativas más urgentes, pero como ha ocurrido en los últimos gobiernos, sin la mayoría calificada, lo que obliga a una inminente negociación.

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El comentario surge a propósito de que aún con diputados del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena, no se alcanza la mayoría calificada para promover reformas constitucionales. A pesar de que a fin de cuentas la negociación política es válida, los lineamientos del oficial mayor del gobierno estatal en materia de adquisiciones, pasan sobre leyes y la constitución.

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El funcionario estatal está trabajando sobre la concentración de compras mediante el sistema de compras consolidadas, tal y como ha sucedido en otras administraciones, bajo el entendido de que se pretende el ahorro del dinero. Sin embargo, la forma en que plantea los procedimientos de ninguna manera parece algo sostenible. Por lo pronto el funcionario informa a las demás dependencias que a partir de la fecha en que envió oficios, todas las dependencias están obligadas a acatar las compras consolidadas, bajo los criterios que fije la propia Oficialía Mayor.

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Para su decisión hay un pequeño inconveniente. Las atribuciones de su cargo público no le permiten desatender los criterios de las leyes orgánicas y mucho menos las referentes a la administración pública estatal, ni la Ley de Adquisiciones para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, ni la Constitución Política del Estado. Es preciso recordar que si se quiere un mejor instrumento legal para sus movimientos, tiene que pasar por el Congreso del Estado.

El oficial mayor se arroga la facultad de nombrar una unidad de administración designada por la Oficialía, para llevar a cabo las licitaciones, en vez de que cada dependencia haga su propia licitación, como siempre ha sucedido en las administraciones estatales. Los titulares de las dependencias, junto con sus áreas idóneas, revisan si una compra es conveniente o no, y cuáles son las compras consolidadas, a quién le van a comprar, y en qué términos van a decidir las compras en general. Ahora, la Oficialía pretende concentrar todas esas facultades.

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La ley de adquisiciones establece comisiones por dependencia pública; además, fija procedimientos por cada dependencia; precisa también que debe ser integrado un Comité de Adquisiciones por cada dependencia en el Gobierno del Estado, y no se puede brincar esas disposiciones. Algo deberá hacer el gobierno, si quiere una profunda reforma legal en ese sentido, o dar marcha atrás a un proceso que a futuro sería observable por organismos auditores. Cuesta trabajo político, pero si se requiere de leyes a modo, al funcionario nada le cuesta esperar.

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El lago mayor del parque Tangamanga se tiñe de una nata, y la administradora del parque no aparece. El Gobierno tiene proyectos para el lugar, entre ellos la puerta monumental, el canal navegable y algunos otros cambios, pero si la señora no puede dar la cara en algo tan sencillo como unas ovejas, menos la va a poder dar en cualquier controversia mayor que surja por esas obras. Ya se empiezan a preguntar si no será otra Sandra Sánchez Ruiz, otra de esas constructoras inventadas en la capital hace 10 años, u otras redes de empresas de luminarias de hace 8 años, porque la titular del área no aparece. ¿Existe, o es alguien nombrada para qué?

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¡¡HASTA MAÑANA!!