El Congreso del Estado tendrá una dura jornada hoy cuando se vote la cuestión del matrimonio igualitario. El debate es acalorado, aunque no está claro qué tan extendido esté entre la sociedad potosina.
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Pero los simpatizantes de una u otra causa son fervorosos y saben presionar a los legisladores para lograr que se inclinen hacia un lado o el otro.
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En el Congreso, la situación también lucía muy pareja. La bancada morenista tendría a su favor la coyuntura de que la mayor parte de las bancadas minoritarias calculan que sus posiciones mejorarían si se alinean al partido dominante a nivel nacional. Quizá la causa del matrimonio igualitario no tenía un panorama más favorable, en materia de votos.
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Los panistas no se moverán de su postura contraria, desde luego. La bancada del PRI, abierta en un principio al sí, recibió línea de un Palacio de Gobierno más acorde a las posturas conservadoras. El Panal también votaría por el no.
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El asunto es que en el papel, habría un empate técnico y un solo voto, de una de las bancadas de un solo hombre, sería el fiel de la balanza.
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En el caso de una derrota para el matrimonio igualitario, es posible que sea momentánea. El sí al matrimonio de personas del mismo sexo está ya garantizado en la Constitución, y cada vez son más los estados que lo prevén en su normatividad local.
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San Luis podría ser el bastión de las posturas conservadoras, pero los indicios apuntan a que al final, las fuerzas que se oponen al matrimonio igualitario no podrán sostenerse por mucho tiempo.
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Los Servicios de Salud se burlan de la transparencia. Sorprendidos usando una treta para mantener la opacidad sobre sus gastos y su información financiera, la dependencia dirigida por Mónica Rangel no sólo no remedió su falla, sino que la repitió.
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Y lo hizo simplemente cambiando el pretexto mediante el cual mantiene en secreto su información.
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La pelota está del lado de la CEGAIP ahora.
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El fin de la comisión que la ex contralora interna de la Auditoría superior del Estado (ASE), Rosa María Ruiz Medellín, tenía en el Congreso le costó al Legislativo poco más de 272 mil pesos, que fue lo que la Jucopo autorizó entregarle por honorarios asimilables a sueldos por su labor en la Unidad de Evaluación y Control. Si la cantidad parece alta, es que se trata de una cifra acumulada entre el 16 de julio y el 31 de diciembre del año pasado.
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Durante todo ese lapso, al parecer, la ex funcionaria ligada al gallardismo no había recibido paga. Una muestra más de que la UEyC simplemente no sirvió para nada desde que fue creada por la pasada Legislatura hasta ya entrada la actual.
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Queda por definirse su destino. Aunque el Congreso la ve como una empleada de la ASE comisionada, pero en el órgano fiscalizador no comparten ese punto de vista.
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De hecho, oficialmente no hay relación laboral con la ex contralora, pues hasta se entregó un finiquito. El asunto puede quedar ahí tranquilamente, si Ruiz Medellín opta por buscar otro destino. Pero si se empeña en quedar en un u otro lado, otra cosa será.
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¡HASTA MAÑANA!