Las redes sociales se han convertido en una herramienta vital para la labor informativa de los medios de comunicación. Entre ellas, la popular red social de Facebook, que ha permitido llegar a miles de personas.
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Por eso mismo, son un blanco muy deseable para quienes, por cualquier razón, deseen impedir el libre flujo de información y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
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En los últimos meses, varios medios de comunicación potosinos vieron con sorpresa que sus muros de Facebook habían desaparecido, sin previo aviso y sin haber alguna acción de los medios propietarios.
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Las líneas editoriales de los medios afectados son disímbolas, como toda sociedad saludable demanda, pero comparten un rasgo común: suelen ejercer la crítica a los poderes establecidos.
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Igual ocurre con el órgano civil Ciudadanos Observando, que ha machacado desde hace años a las instituciones y a los funcionarios que incumplen con su obligación de garantizar la transparencia en la información pública,
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Que en un lapso relativamente cercano afectara a este tipo de medios levantó suspicacias sobre la existencia de una intencionalidad obscura, que pretendiera afectar el derecho a la libertad
de expresión.
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Cinco medios y Ciudadanos Observando optaron por dar un paso adelante y unir esfuerzos para enfrentar esta ofensiva contra la libertad de expresión.
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Es una decisión importante porque deja en claro a los responsables de ella, quienes sean, que este ataque no pasará sin tener
una contestación.
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Y esa respuesta se basa en dos acciones: la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue, encuentre y sancione a los responsables. Como el ente encargado de la procuración de la justicia, tiene esa obligación.
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Además, se exige a todas las instituciones del Estado en San Luis Potosí, pero enfáticamente al Ejecutivo del estado, a que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de información de los medios de comunicación y de
la ciudadanía.
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El saqueo del agua en municipios aledaños a la capital debería levantar las alertas en las autoridades relacionadas con el abasto del líquido.
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Y aunque el caso más cercano ocurrió en Peotillos, Villa Hidalgo, el Interapas debería de verificar si esa agua extraída ilegalmente en municipios aledaños viene a acabar en la zona metropolitana, que en condiciones de emergencia hídrica, se ha convertido en la mayor consumidora de agua de la región.
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El organismo operador, las alcaldías involucradas y la Comisión Nacional del Agua deberían elaborar una estrategia para garantizar que el creciente consumo de agua en la capital no se convierta en un problema para los municipios aledaños.
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¡HASTA MAÑANA!