A la bravata que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona lanzó contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la dependencia federal respondió con un comunicado sobrio, pero firme, en donde le indica al mandatario que las relaciones interinstitucionales deben llevarse con respeto y con la idea clara de qué atribuciones tiene cada parte.
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El mandatario había reaccionado airadamente cuando salió a la luz un documento del instituto en el que señalaban serias deficiencias e incumplimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) en las obras de San Miguelito.
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Al ser interrogado al respecto, el mandatario ni siquiera se refirió a ese proyecto, sino a uno que ya había caído en el olvido: el de la rehabilitación de la alameda Juan Sarabia, lanzado a inicios de 2022.
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En términos altisonantes, el mandatario reprochó la presunta falta de respuesta a la solicitud de autorización y acusó a la institución federal de falta de interés, aunque usó términos menos elegantes, en el patrimonio histórico de la capital.
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El INAH respondió a ambos señalamientos. Primero, reiterando su compromiso con el patrimonio arquitectónico de la capital, y luego señalando que un trabajo cooperativo implica respeto y no menoscabar a las contrapartes, respondió a las injustificadas quejas gallardistas.
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La respuesta quedó coronada con elegancia: del dichoso proyecto de la alameda del que el mandatario reclamaba una respuesta, el INAH dijo que la Seduvop no lo ha presentado.
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Y pensar que el 1 de febrero de 2022, cuando el proyecto se presentó, el mandatario afirmó que a la semana siguiente se iniciarían las obras.
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Ahí vamos otra vez: una nueva controversia entre la Comisión Estatal del Agua y el Interapas. Ahora, a raíz de las notas de crédito generadas por las fallas del acueducto de El Realito, que alcanzaron un valor de 80.6 millones de pesos.
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El Interapas reportó que la empresa estaba en desacuerdo con los montos cobrados por la CEA, y a la vez, la comisión no daba trámite a las notas de crédito, pese a las reiteradas peticiones.
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En una respuesta emitida anoche, señaló que el Interapas pudo suspender el pago del agua de la presa desde mayo de 2022, establecido como tarifa T3, “lo que significó un ahorro de más de 80 millones de pesos para
el organismo”.
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Es decir, para la CEA, ese dinero ya ha sido descontado. No obstante, también señala que hay un “proceso conciliatorio” con Aquos, del que se ha informado al Interapas, e insiste en que el organismo ya descontó los 80 millones de pesos.
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El Interapas, en sus reportes financieros, dice otra cosa distinta. Alguna de las dos dependencias está mintiendo.
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¡HASTA MAÑANA!