El histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caos de Karla Pontigo generará una situación inédita para la Fiscalía General, que tendrá que balancear las investigaciones entre dos sistemas procesales, además de soportar la presión que le generará el asunto entre la opinión pública.
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De hecho, la Fiscalía General del Estado deberá llevar en paralelo dos juicios: el del feminicidio de Karla y el que se abrirá a los ex funcionarios involucrados en las fallas que denunció la Primera Sala de la SCJN. El primero, en el antiguo sistema procesal y el segundo, en el nuevo.
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Deberá también afrontar la presión de los organismos de la familia de la víctima y de los organismos acompañantes de los parientes, que no son fáciles de satisfacer y que son capaces de exponer a la prensa nacional y la internacional cualquier falla que encuentren en el trabajo de investigación.
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Y el organismo tendrá también que enfrentar la presión de la opinión pública potosina.
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La dependencia de Federico Garza Herrera se topó, de pronto, con un caso que podría elevar su prestigio, si lo resuelve bien, o hundirlo, si sale con un trabajo parecido al de sus antecesores.
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Mientras que la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas presuntamente están solventando la mega observación de más de tres mil 500 millones de pesos que le hizo la Auditoría Superior de la Federación al Ejecutivo, la Coparmex ya balconeó a la entidad a nivel nacional.
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Ayer, al presentar la nueva versión de su estudio estadístico #DataCoparmex, el organismo empresarial replicó lo reportado por la ASF en el segundo paquete de fiscalización del gasto federalizado en 2018: que San Luis fue el segundo estado con mayor monto de observaciones derivadas de anomalías.
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Así, la Coparmex puso a San Luis en una posición poco halagadora en el indicador de #DineroPrófugo, mismo que la cámara patronal exigió que sea repuesto o aclarado por las entidades.
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Podrán insistir en que el incremento de algunas sanciones viales no tienen fines recaudatorios, pero es difícil no pensar que es así.
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Las multas por conducir mientras se maneja el celular casi se triplicó. Desde luego, ese podría ser un motivo suficiente para desalentar esta práctica, pero también es cierto que a la alcaldía no le vendrían mal los recursos que se recaben por esa vía.
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En todo caso, corresponderá a los automovilistas definir cuántos pagarían una sanción que, por otro lado, es necesaria.
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¡HASTA MAÑANA!