El jefe de la policía municipal Edgar Jiménez se esforzó en explicar por qué San Luis Potosí ya es parte de la lista negra de municipios considerados como prioritarios dentro de la nueva estrategia del gobierno federal para atender a las regiones más afectadas por la delincuencia.
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El motivo es evidente: la imposibilidad de contener el continuo incremento de la actividad criminal en la entidad. El mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lo explicaba claramente el pasado 12 de marzo, cuando se hizo pública la adición de San Luis a la lista de regiones prioritarias para la estrategia federal contra la inseguridad, al señalar que estos municipios eran “zonas de alta incidencia delictiva”.
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El asunto debió poner en una incómoda posición a la alcaldía, que poco antes del anuncio, presumió la disminución de la incidencia de algunos delitos de alto impacto, siguiendo la misma política del gobierno de Juan Manuel Carreras López de presumir la más mínima mejoría de las cifras delictivas.
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En todo caso, y aunque en el gobierno de Xavier Nava no lo quieran reconocer, la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un revés a la administración en materia de seguridad.
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Y aquí no cabe, como en el aspecto financiero, justificarse responsabilizando al anterior gobierno.
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Es cierto, la administración gallardista es corresponsable del deterioro de la seguridad, pero el gobierno navista lleva ya seis meses a cargo de la seguridad. El hecho de que fuera incluido en la lista de ciudades con mayor afectación por la violencia es un reflejo de que, tampoco, ha podido lograr una mejoría.
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El Congreso del Estado no se caracteriza por tener muchos avances en transparencia, pero a partir del lunes, puede presumir de uno.
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Ese día, el Periódico Oficial del Estado publicó la reforma al artículo 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.
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La nueva normatividad obliga a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a enviar las actas de sus sesiones a los 27 diputados en el menor tiempo posible.
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Eso soluciona el problema de que la mayor parte del Congreso desconocía de primera mano lo que sus representantes de bancada habían votado.
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Más importante es el hecho de que, además de los diputados, la ciudadanía también deberá ser informada rápidamente de las decisiones de la Jucopo, pues la modificación legal también establece que con la misma rapidez, el Congreso debe defender las actas en sus medios electrónicos.
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Ahora sólo hay que ver si
lo cumplen.
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Hay políticos que creen que la ciudadanía no tiene memoria. Manuel Barrera y José Luis Romero Calzada lanzan un frente que confirma la cercanía con el gallardismo, pensando que todas sus felonías ya fueron olvidadas.
Sólo Morena le puede dar vida a ese engendro político. Habrá que ver si se presta a esta ofensa contra la ciudadanía.
¡HASTA MAÑANA!