Al emproblemado Sector Salud se le viene una pesadilla financiera y administrativa. Y no es culpa del Covid.
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La protesta de ayer en la Fenapo, de personal sanitario contratado para atender la pandemia replica lo que ha venido sucediendo en otras partes del país: con la pandemia en declive, la fuerza laboral adquirida por el Sector Salud ya no tiene elementos para permanecer.
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Desde hace unos días, los primeros indicios de esta situación empezaron a presentarse en Valles, donde personal del Hospital General de aquella ciudad denunciaron los primeros despidos.
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El argumento de su exigencia es que desde su contratación, existió la promesa de seguir laborando aún pasada la pandemia.
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Deberá haber pruebas de esas afirmaciones, pero en tanto, se trata de un problema actual, que tiene, por un lado el costo que sería mantener una nómina más abultada de lo normal y por el otro, implicaría una cruel ingratitud dejar en la calle a personal médico, de enfermería, de ambulancias y de todas las especialidades y oficios afines, que se enfrentó a lo más duro de la pandemia.
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Hablando de pesadillas financieras, en condiciones normales, el regreso a clases siempre es un dolor de cabeza, y de bolsillo, para los padres de familia.
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Ahora, de regreso a las clases presenciales, el golpe se potenciará. Ya hay escuelas que están pidiendo, antes de que finalice el actual ciclo, que los padres cumplan con el pago de la cuota “voluntaria” para financiar las medidas sanitarias que serán obligatorias para resguardar a las comunidades estudiantiles que retornarán a los salones.
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Las direcciones escolares apelarán a la “buena voluntad” de los padres de familia, pero sería mejor que ambas partes exigieran a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud que ambas cumplieran con una tarea que es su obligación.
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Ayer, el gobernador Juan Manuel Carreras López enfatizó de nueva cuenta la importancia de las medidas sanitarias de cara al próximo ciclo, y anunció que se fortalecerán los protocolos de salud.
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Eso incluye la responsabilidad de garantizar que los planteles dispongan de todos los elementos necesarios, desde termómetros hasta desinfectantes, para evitar cualquier posibilidad de contagios.
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El reporte del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación sobre el cumplimiento de los municipios del requisito de tener un atlas de riesgos, en el que San Luis quedó en último sitio, vino a revelar una enorme falta de coordinación entre los ayuntamientos, el estado y el gobierno federal.
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El informe está basado en la información que difunde el Centro Nacional de Prevención de Desastres y, en efecto, éste señala que sólo dos alcaldías cumplen el requisito, pero con documentos ya obsoletos, de hace dos décadas incluso.
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La página del Cenapred también presenta un documento estatal atrasado, de 2008.
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Resulta, sin embargo, que las alcaldías de la capital y de Soledad, así como el gobierno estatal afirman que sus instrumentos de protección civil son más recientes y tienen vigencia.
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Deberían enviar sus atlas al Cenapred para que sustituya las versiones que publican.
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Por otra parte, nadie se responsabilizó de desmentir la esencia de la nota: que la mayoría de las alcaldías del estado carecen de atlas de riesgo.
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¡HASTA MAÑANA!