Hace algunos meses, en este mismo espacio se reflexionaba que hay servidores públicos que en pleno siglo XXI y con la súper carretera de la información a un clic de distancia, insisten en decir lo que no sucede. Había gobernadores que se inventaban obra pública para justificar gastos, alcaldes que hacían obra pública, pero sin cumplir con los mínimos requisitos de calidad y hasta diputados que cobraban sin trabajar. De todo ello, aún hay algunas muestras, probaditas y hasta grandes mentirotas. Un caso vigente es la intervención a medias o incluso simulada a los alrededores de la muerte de dos jóvenes en el antro Rich.
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En ambos lados de la Plaza de Armas, se encuentran los palacios desde donde han recorrido sus pasillos y patios, aquellos funcionarios que no hicieron la tarea, que dejaron operar un sitio de concentración masiva de jóvenes en un inmueble vulnerable y a quienes su negligencia los llevó a la muerte. En ambos palacios había una obligación moral de investigar hasta el fondo la negligencia u omisión de servidores públicos. En la Alcaldía se entendió el asunto, pero el dictamen favorable a los servidores públicos echó a perder la tarea. En esta era de la sobreinformación, lo menos que se esperaba era la decepción de los padres de familia afectados por la muerte o heridas permanentes causadas a sus hijos, impotencia que va más allá de lo dicho por la imprudente e insensible regidora Margarita Hernández o la omisión dolosa del regidor Eiko Koasicha.
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El caso se ha manejado tan mal, que cuentan algunos padres de familia que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) trato de hacer su parte en la revictimización, cuando un funcionario de ese organismo gubernamental trató de pedir a los padres de familia que le permitieran tomarse una foto con ellos, como si su tragedia fuera útil para la propaganda gubernamental. Quizá, en términos matemáticos, ha costado mucho más cara la producción y difusión de noticias para presumir los 6 millones de pesos gastados en las víctimas, que lo invertido efectivamente en las investigaciones penales, que tienen a tres de los operadores del antro al borde de un internamiento carcelario por años.
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Por el lado jurídico, salta el consabido artilugio de contratar el despacho del ahora exsecretario general del Ayuntamiento como el gestor de la defensa de los funcionarios de la Dirección de Comercio, aunque tal proceder parece no haber gustado a las altas esferas de la alcaldía capitalina y aún así la contralora cometió el traspié de negar en un principio el expediente a los padres de las víctimas, condición obligada para dar seguimiento al caso y dar cause legal a su inconformidad. Resulta que es más fácil juzgar con más severidad al que se le cae un lapicero o comete una falta de ortografía, que a un funcionario al que se le olvidaron las víctimas de un delito.
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¿Cómo creer que ahora si habrá mayor vigilancia, si por años había sobrevivido un antro escandaloso y a la vista de todos en la avenida Pedro Moreno, presuntamente propiedad de los mismos administradores del Rich? A ese lugar ya fueron dedicados comentarios frecuentes en líneas de este diario para describirlo como “conocido antro clandestino”. De todo pasaba ahí y ni Gobernación del Estado ni la Alcaldía consiguieron imputarles una responsabilidad. Del tráfico de influencias, la misteriosa negligencia para clausurar un negocio tan nocivo y una supervivencia inexplicable, hay historias sobradas, de las que fueron víctimas los propios vecinos.
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A propósito de justicia retardada, alguien tuvo la ocurrencia de dar vuelo a una chicanada jurídica para poner a batallar a las víctimas y ofendidos por el asesinato del presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Julio César Galindo Pérez. Resulta que una acción producto de vigencias y plazos obliga a reponer un juicio que ya debería ir avanzado con los peligrosos victimarios.
¡HASTA MAÑANA!