Entre la amenaza del gobierno estatal de demandar a la organización Cambio de Ruta el pago de lo fantasiosos daños que el gobernador Ricardo Gallardo atribuye a los amparos que le han ganado los ambientalistas y las inspecciones sorpresivas a las empresas del padre de una de las víctimas del accidente del antro Rich, parece que estamos ante una ofensiva punitivista del poder estatal contra actores incómodos de la sociedad usando al estructura del Estado.
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En una respuesta oficial, Cambio de Rumbo le reclama directamente al mandatario la criminalización de un derecho constitucional, que es un recurso lícito para garantizar la legalidad de los actos de autoridad.
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Le exigen al mandatario una rectificación sobre su amenaza de estigmatizar un derecho.
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En Matehuala, Juan Ramón Infante, padre del joven que falleció en el accidente del bar, denunció que luego de presentar denuncias contra funcionarios estatales y municipales por presuntas omisiones en la investigación dentro de sus respectivos ámbitos. Protección Civil estatal emprendió sendas auditorías a sus empresas.
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Sería muy preocupante que un gobierno que, de por sí, reacciona de manera muy agresiva a la crítica, cruce esa línea para caer en la represión.
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Ecos de la visita de Claudia Sheinbaum: los responsables del evento del lado federal siendo sorprendidos por cientos de militantes del Partido Verde Ecologista de México que madrugaron y desde las 4:30 de la mañana se metieron en las instalaciones de la Universidad Rosario Castellanos que fueron inauguradas el sábado.
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De esa manera, lograron ocupar las primeras filas desplegadas frente al presídium, ahora sí, “madrugando” a los morenistas.
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Por la mañana, cuando el equipo presidencial quiso empezar a organizar el evento, ya no pudo distribuir los lugares.
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Por lo demás, si un evento protocolario puede servir de termómetro de la relación política, lo que se vio el sábado fue una gran cercanía entre la presidenta y el gobernador.
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Los locatarios del mercado República tenían ya listo el festejo del medio centenar (O año 51, pues ni entre ellos se ponen de acuerdo), incluyendo un banquete de comida de mercado para centenares de personas.
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Y entonces arribaron elementos de la policía municipal y otras áreas de la alcaldía, amenazando con impedir el evento por falta de permisos.
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Obviamente, su presencia encendió el enojo en los locatarios, que subió de tono hasta que acabó generando un bloqueo callejero.
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Al final, alguien le puso sensatez a la actuación de las autoridades y éstas se retiraron, dejando a los locatarios festejar en paz.
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Así se desactivó un conflicto mayor generado por la falta de sensibilidad de las autoridades.