A propósito del suceso trágico en el edificio Altus es preciso aclarar que “Rich” entró en competencia desleal contra su vecino “Rúa”, los empresarios del “Rich”, operaron en la ilegalidad, protegidos por los contactos que establecieron con autoridades reguladoras y que permitieron su operación en condiciones riesgosas, “Rua” es un negocio formal creado por diferentes socios, preocupados siempre por la operación correcta.
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Pero las autoridades agarraron parejo y clausuraron “Rúa” sin que hubiera violado alguna ley, a pesar de que sus permisos estaban en regla y de que ese día se encontraba cerrado, nada tenía que ver con el antro “Rich”, que entró en competencia, se debe aclarar que “Rúa” no se relaciona con el grupo de antros manejados por los propietarios de “Rich” y tampoco tiene relación con los eventos del viernes, causados por la mala operación del antro donde ocurrió la tragedia, el riesgo crece cuando hay condiciones de una competencia desleal que generan los negocios que se mueven por influencias y corrupción, consecuencias que por malos empresarios y por negligencia o dolo de autoridades, sufren los locales que hacen las cosas conforme la ley.
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El Congreso del Estado aprobó un indulto al iniciar la década del año 2000, se presentó en tiempos del legislador Ángel Salas Alfaro como presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, para el caso de una mujer indígena sujeta a un proceso penal cargado de irregularidades, el segundo caso correspondió a una interna de un centro de reclusión que se relacionó con la posibilidad de recibir el indulto, luego de hacer contacto con la esposa del entonces gobernador Marcelo de los Santos, durante una visita, la mujer estaba acusada de fraude.
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En el indulto que ahora promueve la fundación Perteneces A.C., se detectó un proceso penal plagado de irregularidades, en este caso, la mujer fue acusada, procesada y sentenciada y lleva 15 años de encierro en el nombre de la guerra contra la delincuencia organizada, entendida no como un choque frontal contra los grupos delictivos, sino como un inventario de estadísticas a partir de casos creados ante un juez, sea culpable o inocente, lo cierto es que se le detuvo porque su nombre fue usado para cometer un delito de alto impacto en el norte del estado, sin embargo, el motivo del indulto se basa en que la sentencia condenatoria fue dictada sin que se haya establecido la relación del uso de su nombre con la comisión del delito, como ese deben abundar casos en las cárceles.
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Preocupa que sea el Ministerio Público donde se mantenga con retrasos la procuración de justicia, mucho se habla de la incidencia delictiva y en particular de la que sí se denuncia y es contabilizada, ese grupo de carpetas de investigación abiertas es la puerta principal de acceso a la justicia, pero si los cuerpos policiales de investigación llevan retrasos, detienen al Ministerio Público y éste a su vez a los jueces y a las víctimas, cuenta la leyenda urbana que la lentitud afecta más a las clases populares y con ello se cumple aquella frase de Eduardo Galeano, que dice que la justicia es como las serpientes, porque muerde a los descalzos.
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En esa parte operativa, también hace falta una profunda reforma al sistema penal, ya no solo basta con los principios de presunción de inocencia y máxima publicidad, ni con las condiciones garantistas del artículo 20 constitucional, todo pesa y todo influye en la investigación.
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¡¡HASTA MAÑANA!!