No es un secreto que el gobierno del estado tiene una bomba de tiempo en la Dirección General de Pensiones y en otras instancias ante las que debe realizar retenciones fiscales o salariales a empleados. El problema reside en que el dinero se queda en las arcas estatales sin que sea integrado a su destino proyectado.
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De ahí que, en el caso de Pensiones, actualmente la Secretaría de Finanzas tenga una deuda de más de tres mil 500 millones de pesos, la mayoría de la cual se registró en este gobierno.
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La práctica no es nueva. Los anteriores gobiernos también lo hicieron y ahí se gestó el boquete financiero actual.
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En San Luis Potosí se llegó a esta situación simplemente porque las autoridades pueden y no existe nada que los frene.
Y parece que no hay voluntad para establecerlas. El Congreso del Estado tramita actualmente una serie de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que regula qué conductas y acciones son susceptibles de
ser sancionadas.
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Una de esas reformas incluía la adición de un artículo 63 Ter, que textualmente dice que “es falta administrativa grave, la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos, en los términos que señalan la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí”.
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Este artículo vendría a ilegalizar que la Secretaría de Finanzas no entregue las cuotas de pensiones que retiene de la burocracia.
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Pero el asunto se quedará en una aspiración, porque el dictamen de las comisiones de Gobernación y de Justicia desechó tajantemente la normatividad, argumentando que contraviene normas federales.
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Mientras que las autoridades del estado y de los municipios mantienen el guión propagandístico de un San Luis en el que aumenta la seguridad, las cifras se empeñan en contradecir el discurso.
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Toca ahora el caso de la violencia contra las mujeres, que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ha subido significativamente.
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Llama la atención el feminicidio. Van cuatro hasta marzo pasado, el doble que las sumadas durante el primer trimestre del año pasado. Soledad ha sido escenario de tres de estos cuatro casos, ubicándose como uno de los municipios con mayor incidencia del país.
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Preocupa también el incremento de la incidencia de la violencia familiar y de las violaciones.
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En suma, un panorama poco alentador el que ofreció el arranque de este año en materia de seguridad para las mujeres.
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¡HASTA MAÑANA!