A la gravedad que produce la explosión de casos de Coronavirus, que en un solo día generó más de mil contagios y rompió en dos días consecutivos las marcas de casos diarios, se le suma un segundo factor de incertidumbre: los hospitales se están volviendo a llenar.
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Estamos de nuevo ante el círculo vicioso de los picos de la pandemia. Primero, un incremento generalizado de contagios, que deriva en un alza en la ocupación hasta que se llega a la saturación total.
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El tercer componente de la terrible ecuación del Covid que se ha presentado ya dos veces, por fortuna, está ausente. Y es el de las muertes por Covid, que se mantienen bajas en comparación con el número de contagios.
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Desde luego, no hay que dejar de tener presente que cualquier fallecimiento implica la tragedia de una familia, pero en materia de salud pública, que la mortalidad se mantenga baja es positivo.
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Estamos, pues, en presencia de dos de los tres factores que elevan el riesgo de la pandemia. La pregunta es, de nuevo, ¿qué esperan la sociedad y el gobierno para retomar las estrategias de aislamiento y contención de la movilidad necesaria para cortar el círculo vicioso del Covid?
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Resulta sorpresiva la revelación de que los recursos federales otorgados a la entidad y a los municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género sean destinados al engrosamiento de la nómina de la Fiscalía General del Estado.
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Es lo que sucede en al menos dos proyectos que recientemente recibieron partidas de la Secretaría de Gobernación, a solicitud del organismo dirigido por Federico Garza Herrera.
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Así, más de 3.5 millones de pesos entregados para abatir el rezago en las carpetas de investigación abiertas por crímenes de género tendrán como destino final la contratación de 26 nuevos funcionarios, que realizarían labores de investigación criminal, peritajes especializados y labores jurídicas.
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Es obvio que la realización de las acciones requeridas por la Alerta de Violencia de Género requerirá la intervención de funcionarios públicos.
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Lo que sorprende es que la FGE deba contratar a 26 personas para realizar lo que se supone son tareas para las que tendría personal suficiente.
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Este hecho revela una situación preocupante: que el rezago en investigaciones no se había atendido hasta que hubo recursos suficientes para pagar a personal que lo hiciera y que durante este tiempo, el personal que se supondría había sido asignado para esas tareas incumplió con su responsabilidad.
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El otro aspecto poco tranquilizador de esta revelación es que, dado el alto índice de impunidad de los delitos contra las mujeres, la cantidad invertida no revierta esta situación.
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En cualquier caso, deberá haber explicaciones claras del porqué el financiamiento de la alerta de género acaba, como casi todos los recursos del erario, en la nómina.
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Para estar muy interesados en que el caso del auto del Congreso usado por ladrones se resuelva, el Legislativo se ve muy lento.
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Dos semanas de tardanza en entregar el vehículo en cuestión a las autoridades investigadoras, desde que se cometieron los robos y ese Poder fue informado no reflejan mucha colaboración.
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Los diputados deberán renunciar a cualquier aspiración de protegerse entre sí o a sus allegados de las investigaciones.
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No hacerlo implicaría que, como en otras legislaturas, persiste la mala costumbre de protegerse las espaldas.
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¡HASTA MAÑANA!