Desde media tarde de ayer, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), difundió a través de un comunicado de prensa en el que informaban que los trabajos que realizan en el parque Juan H. Sánchez sigue con la obra de remodelación que inició hace meses.
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Ese era el ángulo en el que se insistía: que el trabajo de la dependencia seguía. Y de refilón, se hablaba del amparo que ha parado las obras por la falta de cumplimiento de la Seduvop de los más elementales requisitos.
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La secretaría dirigida por Leticia Vargas Tinajero indicó que había entregado el proyecto ejecutivo a las autoridades judiciales y aunque reconoció que el amparo, presentado por la organización Cambio de Ruta, había interferido con el calendario de obra, señaló que la resolución del amparo no había detenido los trabajos.
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Sin embargo, esto resultó ser una maniobra buscando dar un madruguete informativo a la información real: que el Juzgado Primero había suspendido definitivamente la controvertida obra al darle a Cambio de Ruta un fallo favorable.
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De nueva cuenta, las malas maneras de la secretaría quedaron exhibidas, como en el caso de la remodelación de calles en San Miguelito, en donde diversos requisitos incumplidos, la justicia federal suspendió los trabajos.
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O como en el caso del proyecto de la Alameda Juan Sarabia, en donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tundió al INAH por no autorizar su dudoso proyecto, sin que la Seduvop entregara siquiera la documentación requerida.
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Ahora, la secretaría deberá garantizar con acciones reales que no va a dañar el querido parque, lo que resulta un poco más difícil que emitir boletines.
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La federalización del sistema de salud en San Luis Potosí no está saliendo nada barata para el estado, lo que implica una paradoja, pues la pretensión de las autoridades estatales era liberarse de esa carga.
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El pasado 20 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo firmado ¡en enero de este año! Entre el IMSS-Bienestar y el gobierno estatal sobre la coordinación de la transferencia de recursos para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para personas sin seguridad social,
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En él se establecieron las aportaciones de ambas partes para el fin descrito en el convenio. En el caso del gobierno federal ascendía a mil 967.2 millones de pesos.
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Al estado le correspondería una suma no tan menor a la federal: 967.3 millones de pesos, pagaderos en cuatro ministraciones, la última pagada a fines de octubre.
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Curiosamente, los casi tres mil millones de pesos aportados por las dos partes no fueron suficientes para evitar las quejas de médicos y de pacientes que se quejaron de desabasto de medicinas.
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¡HASTA MAÑANA!