Las airadas reacciones del mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona ante la serie de amparos en los que ha habido varios fallos en contra, generaron una respuesta de Cambio de Ruta, la organización que ha presentado esos recursos de impugnación.
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Y fue mesurada pero firme. El organismo defendió el derecho de la población, ya sea en solitario u organizada, de impugnar las acciones que se consideren lesivas a sus intereses. Son las reglas y así juegan todas las partes. De hecho, los servidores públicos se obligan a respetarlas al momento que juran sus cargos.
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Afortunadamente, esa parte de las funciones públicas del Estado, ha funcionado relativamente sin ser afectados por los vaivenes y veleidades políticas.
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El hecho de que se vean las enojadas respuestas que ha dado el mandatario a los resultados adversos a sus intereses como un amago intimidatorio no debe echarse en saco roto.
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Le llueve sobre mojado a Gallardo Cardona. La más reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a San Luis, le dejó la exhibida de un regaño presidencial darle apoyo explícito a la candidata de la alianza Morena-PVEM-PT en un evento oficial.
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Ayer, el regaño corrió a cargo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, pues le pidió “prudencia discursiva” en sus apariciones públicas y que evite favorecer a algún candidato a puestos electorales.
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Esas declaraciones, señaló la comisión, comprometerían los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad que deben observar los funcionarios públicos.
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Además, le pidió que retiren de sus redes sociales, personales y oficiales, los videos de esa expresión de apoyo a la candidata morenista.
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El palo ya se lo llevó del INE pero, ¿qué hay con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? El mandatario también es afecto a mezclar la campaña de su partido con temas oficiales, como “tirar línea” en la designación de candidatos, o, como recientemente lo hizo, afirmar que la crisis del agua se arreglaría cuando su partido gane la alcaldía capitalina.
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Esa falta de moderación le genera muchos problemas al mandatario. Ojalá pronto se dé cuenta.
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Las autoridades potosinas no deberían confiarse sobre el informe de una consultora, Integralia, que ubica al estado entre las entidades de riesgo bajo de violencia electoral.
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Es positivo que se prevea que la violencia política no va a ser uno de los problemas que enfrente San Luis este 2024. Pero el pronóstico puede quedar rebasado cuando la efervescencia política suba y no hay que olvidar tampoco que el control total de las actividades del crimen organizado es una asignatura pendiente para las autoridades.
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En semanas previas a la aparición del reporte de Integralia, Data Cívica emitió un reporte con el recuento de agresiones a funcionarios, políticos y militantes registrada en todo el país entre 2018 y 2023.
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En ese lapso hubo 31 casos, pero el foco amarillo está en que cuatro de ellos ocurrieron el año pasado, y otros 7 se dieron en 2022.
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Confiarse sería una estrategia equivocada, teniendo en cuenta estos antecedentes.
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¡HASTA MAÑANA!