Estamos en el umbral de las prácticas de oralidad en casi todas las materias jurídicas y es hora de que gran parte de la abogacía todavía no cuenta con la capacitación, al menos para la litigación en la materia penal. El 18 de junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al artículo 20, que establece el desarrollo de los procesos penales con apego a técnicas de oralidad, principios de inmediación, máxima publicidad y presunción
de inocencia.
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De todos esos principios establecidos en la Constitución y reglamentados por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la oralidad es uno de los grandes problemas de los abogados, si litigaban en el sistema penal tradicional del año 2014 hacia atrás, posiblemente están poco acostumbrados a la argumentación de palabra, y a resumir en una pequeña carpeta de investigación la relatoría de los hechos y argumentos de defensa.
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Por otra parte, si son muy jóvenes, con mucha frecuencia enfrentan graves problemas de práctica, incluso de cultura general y por esa razón se les dificulta argumentar en el sistema penal.
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Si eso sucede en el mundo de los abogados, los potosinos ya se pueden ir espantando por el grado de miedo que deben tener los policías, al verse frente a un juez rindiendo su testimonio en el proceso oral de un hecho delictivo.
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Ese escenario es consecuencia de la falta de inversión en capacitación de los abogados, que debía acelerarse desde el sexenio estatal de Fernando Toranzo Fernández y no se hizo. Del sexenio de Marcelo de los Santos ni hablar.
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A finales de la década de 2000, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), crearon el Buen Fin, práctica similar a las ventas de la temporada navideña,
pero adelantada.
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Luego de dos años de pandemia, el cálculo empresarial es de cifras positivas en las ventas, aunque en esta ocasión se agrega el escenario de la época post pandémica, las variantes de precios derivadas de la descomposición internacional de la economía por la guerra en Ucrania, y un fenómeno inflacionario mucho más marcado que lo que tratan de aparentar el discurso oficial y las cifras de escritorio.
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Para entender las cifras de violencia familiar en la entidad federativa, es preciso advertir que las variables son múltiples y más allá de lo cuantitativo, se relacionan directamente con la formación de valores. No es la escuela, ni el lugar de trabajo, ni la plaza pública, ni el manual de Carreño de los discursos oficiales, quienes forman los valores de las personas. Las malas costumbres, la criminalidad y el consumo de drogas, afectan a aquellos que fueron abandonados por sus papás y no les pusieron un correctivo desde pequeños. Es la casa quien manda con valores a los hijos al resto de las actividades de su vida.
¡¡HASTA MAÑANA!!