El surgimiento de documentación que desmiente que el bar Rich carecía de autorizaciones estatales, deja sin fundamentos la narrativa de que en Palacio de Gobierno no hay responsables.
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Se trata de una opinión técnica favorable de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), firmada por el encargado de despacho, Mauricio Ordaz, y las constancias de pago de licencias de la Secretaría de Finanzas, ambas tramitadas por la mujer detenida hace unos días en Michoacán y que fungía como encargada de diversos trámites administrativos del grupo que manejaba éste y otros antros.
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Desde que se registró la tragedia del Rich, el gobierno estatal señaló la ausencia total de permisos estatales y, de paso, la de responsabilidades de
sus funcionarios.
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La autoridad estatal señala que la Contraloría General, es decir, el mismo gobierno, investigaría la situación de los documentos, lo que no asegura una indagatoria imparcial.
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La Fiscalía General del Estado debería hacerlo, aunque no se ha pronunciado todavía sobre alguna intención de hacerlo.
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Pero los elementos de una eventual responsabilidad de funcionarios estatales en actos de posible omisión o corrupción están ahí y deberían ser investigados.
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El caso podría dar noticias hoy, que está prevista la segunda audiencia con los tres detenidos que hay sobre el caso.
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La Secretaría de Finanzas presumió en un comunicado que ligará dos años consecutivos con cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de sus cuentas públicas.
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Señala que en la revisión de 2023, que está pendiente de conocerse, no tendría observaciones, lo que se ligaría a 2022 año en que igual colgó el cero.
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Pero la documentación de la ASE dice otra cosa. La matriz de datos del acumulado de las tres revisiones realizadas a instancias del Ejecutivo no aparece en ceros, si no que reporta observaciones por 22.8 millones de pesos. Si bien es una suma mucho menor a las reportadas en años anteriores, el resultado desmiente la presunta perfección presumida por la administración estatal.
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En la UASLP, segundo día de mutis sobre la compleja situación en torno a las dudas sobre el grado académico de su abogada general y el destape de un conflicto interno en la Oficina de la Abogacía General y un sector de los profesores de Posgrado de la Facultad de Derecho.
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Confirmaría lo que se dice de la estrategia de comunicación de la institución en casos complicados: aguantar en silencio y esperar a que los asuntos se pudran.
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¡HASTA MAÑANA!