“No hay un lugar seguro”. La frase del secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga quizá sea uno más de los pretextos que las autoridades de todos los niveles han esgrimido para justificar la incapacidad para detener el avance de
la delincuencia.
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Sin embargo, su efecto podría ser devastador para una ciudadanía que lo que espera es una autoridad que le diga, precisamente, lo contrario: que es posible un San Luis seguro, que la ciudad capital y el estado pueden, de nuevo, ser espacios en los que no haya temor y que las dependencias que tienen su responsabilidad de posibilitar esos anhelos tiene plena confianza en cumplir con su responsabilidad.
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Pero si el jefe de la policía dice que en la entidad no hay un lugar seguro, parece abdicar a esa responsabilidad, con lo que su permanencia en los cargos se hace totalmente cuestionable.
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Un día después de que en la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) se anunciara que no se emitirían más permisos para usar la plaza de Fundadores para cualquier evento, en referencia a la negativa a prestarla a los scouts, un grupo de música popular se vio ayer en la plancha, grabando un video musical.
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Desde luego que la actividad musical no va a afectar en nada al espacio público, pero la incongruencia de la autoridad municipal, al negar a unos y permitir a otros la plaza, es desconcertante.
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Los criterios distintos, en uno y otro caso, refuerzan la impresión de que la negativa hacia el grupo social no tiene fundamento o, si existe, el ayuntamiento
y la unidad no han podido
comunicarlos.
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Pese a que los Servicios de Salud han señalado que el nuevo Instituto de Saludpara el Bienestar (Insabi) no ha tenido aquí en San Luis Potosí los problemas que se registran en otros estados, diversos medios nacionales dieron a conocer que San Luis Potosí es uno de los cuatro estados en los que usuarios han presentado amparos para evitar la desaparición del
Seguro Popular.
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Pero, de acuerdo a fuentes del sector Salud y del Palacio de Gobierno, el principal temor no viene de los usuarios inconformes, sino de los ex trabajadores despedidos cuando se extinguió el antiguo sistema de seguridad.
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La posibilidad de litigios laborales, que luego pueden convertirse en costosos laudos, no se ha descartado. Y es que, como suele ocurrir en estos casos, los antiguos empleados fueron literalmente echados de sus plazas. El sentimiento es que no fueron respetados sus derechos laborales.
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¡HASTA MAÑANA!