Seguramente el profesor Carlos López Torres recordará lo que se siente trabajar de diputado opositor en una legislatura con sobrerrepresentación partidista, aquella que compartió con J. Carmen García Vázquez, ambos supieron lo que era el mayoriteo, cuando en congresos estatales anteriores, las legislaturas eran unipartidistas, o de mayoría absoluta del partido dominante, y uno que otro que simulaba ser de oposición, como sucedió a nivel federal con el intento oposicionista de Carlos Madrazo, cuando el propio sistema político inventó condiciones para desaforarlo y hacerle daño.
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Ahora, todo parece indicar que a pesar de la ley vigente la sobrerrepresentación en los congresos general de México y de San Luis Potosí, habrá hecho letra muerta las reformas legislativas del Instituto Federal Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (ahora Instituto Nacional Electoral y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), si queda confirmado que los cálculos electorales dan a los partidos ganadores más diputados de los que obtuvieron.
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Un ejemplo es la coalicion ganadora, que en estricto sentido ganó 13 distritos, pero en teoría no debería tener más de 15 legisladores, algo se inventaron los organismos electorales para otorgar más curules a la fracción ganadora, esa condición rompe con los criterios de un mínimo de diputados para garantizar la gobernabilidad y la representatividad y un máximo para frenar el exceso de poder.
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La sobrerrepresentación es un criterio que combatió el actual presidente de México en sus tiempos de opositor, logró avances para la democracia en ese sentido, y él mismo traicionó esos principios al proponer la desaparición de la representatividad máxima, sin embargo, poco se puede esperar de órganos electorales como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), cuya presidenta se comporta como empleada del partido con mayor presencia, y abona al camino de la sobrerrepresentación en puerta.
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La horrible muerte de una niña, por lo que se sabe a manos de elementos de la Guardia Nacional, es la cereza en el pastel de un gobierno federal que concluye repleto de funcionarios con cinco por ciento de capacidad y 95 por ciento de confianza, qué vergüenza que en ciertos aspectos del gobierno que tienen implicaciones públicas, la agenda de decisiones esté planeada más por grillos que por técnicos y verdaderos conocedores, en ese y otros aspectos, López Obrador dejará una herencia de inoperancia e inseguridad y probablemente de abierta incompetencia y hasta caos financieros, a su sucesora Claudia Sheinbaum. A la presidenta electa le toca pagar los platos rotos.
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Termina también un sexenio que dejó tan sueltas las manos a la delincuencia, que técnicamente tiene carta abierta para robar o extorsionar a los productores de Michoacán y otros estados, al grado que un kilo de aguacate debería costar 20 pesos, pero se cotiza en 100, porque según lo han expresado comerciantes, hay productores que advierten que gran parte de su valor tiene que pagarse como parte de la extorsión a los delincuentes, esa sería una explicación lógica, si se considera que hay frutas y verduras que no bajan de precio, a pesar de la temporada de muy alta producción.
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Por esa causa también es necesaria la policía civil, al menos, y con todo y la necesidad tal vez de eliminar visos de corrupción, era un cuerpo de seguridad que funcionaba y ya había disminuido la presión de la delincuencia sobre los productores agrícolas y ganaderos.
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¡¡HASTA MAÑANA!!