Son varias dependencias que enfrentan dificultades económicas el final del año y la explicación suele ser la misma: se acabaron el presupuesto que tenían asignado incluso antes de que iniciara el año y requerían un rescate, que casi siempre tiene que hacer el gobierno del estado.
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La misma administración estatal no parece inmune a esta situación, pues ya han establecido que requieren aún 600 millones de pesos para completar sus obligaciones laborales.
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Sin embargo, se trata de un argumento simplista y, sobre todo, opaco.
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Decir que no hay recursos porque la dependencia pagó lo que debía pagar, como pretextó el Poder Judicial del Estado, es un argumento vago y realizado con la intención de que no haya más cuestionamientos.
Sin embargo, al revisar las finanzas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se ve que, al menos hasta septiembre, disponían de una buena cantidad, más de 400 millones de pesos, para cumplir con las obligaciones laborales de la dependencia.
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Es necesaria una explicación más profunda para justificar esto. Se supone que un presupuesto debe cumplirse, sin quedarse corto y sin sobrepasarlo. Pero son demasiadas las instancias que parecen no ser capaces de lograrlo.
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El Covid puso a la Secretaría de Salud en un brete. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, renuente quién sabe por qué a que se reponga la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados, indicó que esto ocurriría si la incidencia alcanzaba los cien casos.
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Pues bien, esta cifra se alcanzó ayer y la Secretaría de Salud indicó que el asunto estaría “bajo análisis” y que cabía la posibilidad de que fuera adoptada temporalmente.
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Y es que si bien la Secretaría de Salud tiene todo el bagaje técnico y científico para restablecer el uso obligatorio del cubrebocas, la experiencia ha enseñado que, más que nada, se trata de un asunto político, y eso corresponde al gobernador. E insistimos, él no parece muy inclinado a hacerlo.
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La postura de la Unidad Estatal de Protección Civil sobre que los cohetes deben ser totalmente prohibidos es la correcta. La cuota de accidentes y víctimas de cada año es el argumento más sólido en su favor.
La negligencia y la falta de cuidado de un número por desgracia no bajo de compradores, está fuera del alcance de cualquier autoridad.
Pero no lo está el permitir la venta. En Soledad, se dio la acertada decisión de anular todos los permisos, pero aquí en la capital, aún hay unos 800.
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No es una decisión sencilla, pues al tratarse de una actividad económica, un buen número de familias dependen de ella.
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Sin embargo, conservar la integridad física, incluso la vida de las personas, tiene más
peso como prioridad.
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¡HASTA MAÑANA!