Las campañas electorales ya son historia, pero los comicios siguen y entre sus puntos más preocupantes está el de la seguridad.
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Anoche en Guerrero, con el asesinato de un candidato a alcalde en Coyuca de Benítez, se confirmó que este es uno de los procesos electorales más afectados por la violencia.
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El reto es claro: concretar una elección sin que la violencia, política y delictiva, afecten los resultados electorales.
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Lamentablemente, parece que esto ya no es posible. Los asesinatos de candidatos son, per se, la peor afectación a una elección.
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Queda claro que los comicios están bajo la sombra de la violencia. Y lamentablemente, San Luis Potosí no es la excepción.
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Dos situaciones ayer dejaron claro que los comicios en el estado no han escapado a los efectos de
la violencia.
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Por una parte, el Instituto Nacional Electoral decidió considerar 24 casillas en la entidad como “focos rojos” por estar ubicadas en sitios en los que se han reportado enfrentamientos de corte político y presencia del crimen organizado. Se trata de una lista de 90 casillas en todo el país que enfrentan ese riesgo. Es decir, más de la cuarta parte.
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De manera separada, la Coparmex presentó un reporte sobre la violencia política en el país.
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Y si bien sólo contó un caso de agresión a candidatos en San Luis Potosí, también reveló la percepción de que el estado no está exento de la violencia.
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Lo anterior porque el organismo patronal reveló los resultados de un sondeo entre sus afiliados en las entidades, en donde preguntó si creían que en sus estados había condiciones para garantizar la seguridad de los candidatos.
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San Luis está entre los doce estados en las que el empresariado afiliado a la Coparmex consideró que no había condiciones de seguridad.
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A un nivel más específico, la IP potosina apuntó a Matehuala como uno de los municipios en los que la elección no sea pacífica.
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No sería la única localidad involucrada en esta turbulencia.
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El punto es que los focos rojos y las alertas están encendidas. Ahora, las autoridades involucradas tienen la responsabilidad de que esto
no ocurra.
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La Seduvop confirmó su vocación de dependencia opaca, que utiliza cualquier artimaña disponible para resistirse a la difusión de la información pública.
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Antes fueron los contratos de las obras que realizó en la Fenapo. Ahora es el caso de los contratos de la remodelación del parque de Morales, que ocultó aprovechando el litigio que causó, precisamente, su negativa a transparentarlos.
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Hay una coincidencia en los dos casos: involucran mucho dinero. Y la persistencia de la Seduvop en la opacidad apunta a que la intención expresa de esta práctica es ocultar el destino de ese dinero, lo que arroja la sombra de la corrupción en
esta conducta.
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Y pese a que uno de los gobernadores más autoritarios y controlador de su administración ya ha dado la orden de que se transparente la información de la Seduvop, ha sido desobedecido sin consecuencias. Eso hace más sospechoso el asunto.
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¡HASTA MAÑANA!