El trato contradictorio de la Secretaría de Salud a sus trabajadores continúa. Primero fueron los del Hospital Central, que se quejaron del incumplimiento de compromisos laborales. Ahora, son trabajadores de toda la dependencia los que se inconformaron por el retraso en la entrega de vales de despensa correspondientes a diciembre.
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Desde ayer, los trabajadores empezaron a citarse para realizar una serie de bloqueos a varias arterias importantes de la ciudad.
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La respuesta para enfrentar el problema, la Secretaría de Salud y el sindicato de sus burócratas adujeron un cambio de fecha en la entrega por presuntas razones de seguridad, debido a presuntos asaltos.
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Resulta extraño que el aviso se haga a mediados de agosto, toda vez que dichos vales se entregan durante los primeros días de diciembre.
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El argumento parece más bien una salida precipitada al problema.
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En todo caso, sigue vigente el mal trato de Salud a sus empleados, no obstante que en cada oportunidad, el discurso oficial no los baja de héroes.
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El planteamiento que hace el movimiento Abre mi Escuela abre la puerta a un encendido, pero necesario debate: ¿cuándo deben reiniciar las clases presenciales?
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En un entorno en el que la gran mayoría de la población no hace caso de las restricciones sanitarias para evitar que el COVID-19 se extienda y llena las calles, hay quienes desde el ámbito de la educación plantean por qué entonces, mantener las clases a distancia, bajo un esquema estrictamente controlado que garantice la salud de niños y maestros.
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Cuando se ven a niños colocados en medio de tumultos religiosos, comerciales o festivos por sus familias, el cuestionamiento tiene sentido.
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Juega en su contra, sin embargo, la paupérrima infraestructura de muchos de los planteles de la entidad, que ni siquiera el abasto de agua pueden garantizar.
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A fines de la semana pasada, se informaba de un reporte federal consignaba, precisamente, el alto porcentaje de escuelas que no podían garantizar este servicio y el de sanitización.
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La educación a distancia tiene fecha de caducidad, y tarde o temprano, familias, maestros y autoridades enfrentarán este debate.
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Quizá las soluciones no estén disponibles a corto plazo, pero es hora de empezar a planearlas.
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Aquí se adelantaba que el encontronazo entre la Arquidiócesis potosina y Morena por los comentarios del vocero clerical, Juan Jesús Priego Rivera, iba a tener más episodios.
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Ayer se registró el segundo, con un nuevo revire de Priego Rivera, en el que pedía piso parejo a la 4T al juzgar que Morena no era equitativa con las intervenciones clericales en la política, citando como ejemplo el del sacerdote Alejandro Solalinde, frecuente defensor del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que no se le reclama nada.
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Tiene razón el religioso al pedir equidad y respeto a las opiniones, pero lo hace a un partido político, en donde, por lo general, ambas cualidades son escasas.