Hace tres días, el gobernador del estado habló públicamente de la posibilidad de que haya más de 12 denuncias en contra de exfuncionarios, que se encuentran en proceso para definir cuántas de ellas proceden y cuáles pudieran no tener un curso judicial.
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Este viernes el titular de la Fiscalía General del Estado aportó su parte a un tema que parece que no tendrá un pronto fin. Las autoridades entrantes buscan la reparación del daño por irregularidades halladas en el gobierno que se fue. Ricardo Gallardo ha dicho a los cuatro vientos que incluso no tiene una animadversión directa con el exgobernador Juan Manuel Carreras, pero sí en cambio, con exfuncionarios que obraron de mala fe.
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El fiscal se apunta un avance en el casillero del juego para determinar si “Ernesto N” es responsable de utilizar para fines ajenos una casa que se encontraba destinada originalmente a las tareas de la seguridad pública. Ahora, el reto es que el asunto no se vaya a caer por algún retraso o irregularidad en las carpetas de investigación. Por lo pronto un juez encontró suficiente materia para mantener privado de su libertad al exfuncionario que, por cierto, conoce perfectamente el lugar donde se encuentra encerrado.
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Desde el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga se va normalizando que los gobernadores entrantes buscan en las instancias de justicia, lo que los anteriores lograban en mesas políticas, es decir, definir el futuro de los antecesores. En tiempos de un solo partido en el poder lo normal era dejar pasar el tiempo y olvidarse de los que se fueron.
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De hecho, el involucramiento de funcionarios en actos irregulares era poco visto, hasta que en casos como el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado enderezó una denuncia contra un exfuncionario que era acusado de sustraer vehículos de la empresa estatal de transporte para donarlos a otros fines. Esta vez, una casa pública, que era rentada, fue a parar a otras manos.
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De hecho, e inspirado en Ponciano Arriaga, Sánchez Unzueta buscaba recuperar las procuradurías de los pobres, y los gobiernos siguientes fueron perfeccionando la norma, hasta que en 2009 comenzaron las tareas para reformar el sistema penal, y anexar la figura de las carpetas de investigación y los datos de prueba como elementos de la columna vertebral de una acusación, después de décadas en las que solo bastaban dos testigos y una historia, para privar de su libertad y someter a la mala fama a un individuo.
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Más de 425 años de historia de la ciudad de San Luis Potosí dan cuenta de que el desarrollo urbano, hasta los tiempos recientes incluye un plan de manejo del agua residual. Son famosos los canales a cielo abierto, que mandan las aguas residuales los desafortunados que cuentan con un terreno por debajo de ese nivel de suelo.
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Por igual esas aguas que no alcanzó a controlar una planta tratadora, van a parar a suelo agrícola, que a las zonas urbanas, y a veces a sitios donde no debería haber ni una gota, como ocurre con los centros poblacionales. Se ha dicho que la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Tanque Tenorio limpia la mayor parte del agua del caño de la ciudad. Sin embargo, no es un secreto que en el Río Españita, en los canales de la ciudad, en el Río Santiago y en el canal que baja las aguas de la Sierra de San Miguelito a la Garita de Jalisco, a veces mueven más lo residual que los escurrimientos pluviales. Otro riesgo sanitario y los responsables de aventar el agua ahí siguen, tan campantes.
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¡¡HASTA MAÑANA!!