Han pasado ya casi 14 años, desde que el Estado de San Luis Potosí recibió las primeras manifestaciones de una delincuencia exacerbada, que como la pandemia de coronavirus COVID-19, parece haber llegado para quedarse. Los delitos parecen estar fuera de control y con ellos el grado de impunidad con el que suceden. El crecimiento de la delincuencia, y en particular la que se refiere a bandas especializadas, parece haber encontrado terreno fértil.
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Por principio de cuentas, los discursos de instituciones de procuración de Justicia parecen estar diseñados para justificar la muy baja calidad de los procesos de investigación, a veces deliberada, o probablemente originada a partir de grave descompensaciones de preparación para procesar evidencias y llegar a conclusiones. Un sistema de esclarecimiento del delito, que tenga dientes y bases científicas, probablemente permitiría llegar a conclusiones e inhibir la delincuencia.
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Ha pasado casi un lustro desde el vencimiento del plazo para implementar la reforma constitucional del año 2008 y reconstruir el sistema penal del país. El entorpecimiento de las investigaciones para llegar a verdades, aún está provisto de criterios de interpretación dolosa de la ley, o integración ventajosa de carpetas de investigación en algunos casos, en los que aún ahora, siguen bastando testigos verbales e historias, o pruebas documentales que no dicen nada. Hay agentes de Ministerio Público que hasta se detienen a analizar capturas de pantalla o documentos apócrifos, y hasta versiones mediáticas que en nada se acercan a una prueba que no sea manipulable.
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La persecución del delito otra vez se encuentra sumida en una larga cadena de vicios, que incluyen políticas públicas de poco alcance para mantener a los jóvenes en círculos de autoestima, práctica del deporte, y desarrollo cultural, científico y educativo. Delinquir lleva consigo procesos de falta de preparación escolar, toma de decisiones sin medir las consecuencias y conductas movidas por la falta de análisis. Un termómetro para percatarse de la visión simplista de diversos aspectos de la vida, es el hecho de que un delito ya se ve como cosa común, o incluso con indolencia.
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Ese es precisamente el caldo de cultivo para la expansión de la delincuencia. Las bandas delictivas se alimentan de la ignorancia de sus víctimas, de la complicidad de policías y agentes de Ministerio Público, de la inoperancia de las corporaciones preventivas, y por ejemplo en los municipios, de una presentación demagógica del los pocos resultados.
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Por supuesto hay aquellos servidores públicos que generan políticas públicas de prevención desde la reconstrucción social, pero aún son esfuerzos insuficientes. Los índices de pobreza y marginación, y ahora el agregado de la crisis producto de la pandemia de coronavirus COVID-19, prometen generar un reto de intervención social casi imposible, y expuesta a que los ciudadanos sigan siendo los que sufren el mayor daño.
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La compra de teléfonos celulares de alta gama en la Secretaría de Salud, pudiera ser la punta del iceberg de una serie de problemas administrativos que pudieran observarse en todo el gobierno. Es obvio que la dependencia estatal no está sola, y bien valdría la pena revisar a todas las dependencias. Seguramente surgirán algunas sorpresas relacionadas con el ejercicio presupuestal. Por ejemplo, bien valdría la pena revisar dependencias como a la ya casi inoperante Dirección de Gobernación, gastos en la propia Secretaría de Seguridad Pública, procuración de justicia, Ecología y Seduvop.
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En un escenario inusual pero permitido por la ley, la aspirante a la gubernatura por Morena, Mónica Liliana Rangel Martínez, presentó su solicitud de registro, por medio de representantes. De su registro no presencial surgen varias teorías. O trató de sacar la vuelta a un conflicto interno de un grupo de Morena por el esquema de elección que generó desacuerdos, o midió que de enfrentarse al grupo de morenistas de choque, habría visto comprometida su seguridad personal.
¡¡HASTA MAÑANA!!