Con el inusitado diseño institucional de la nueva Procuraduría Urbana, más cercano a un instituto o a una comisión, que a un órgano procurador de justicia, el Ejecutivo parece dispuesto a erigirse en la máxima autoridad en la delicada función de sancionar las anomalías, irregularidades y violaciones a la normatividad cometidas en el ámbito del desarrollo urbano.
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En lugar de optar por un esquema en el que una instancia distanciada de las autoridades, que garantice la imparcialidad de sus decisiones, se optó por un extraño ente que dependerá de un órgano colegiado integrado precisamente por las autoridades que pudieran ser responsables de las anomalías, irregularidades y violaciones a la normatividad referidas.
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Serían jueces y partes en los eventuales litigios que surjan en materia de desarrollo urbano.
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El decreto administrativo que crea a la Procuraduría Urbana le da una posición privilegiada a los posibles infractores. ¿Autoridades sancionándose a sí mismas? La experiencia dice que esto es casi imposible de ocurrir.
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Además, parece ignorar un dato fundamental: el desarrollo urbano depende, en gran medida, de los ayuntamientos, que disponen de herramientas legales propias para dirimir controversias, vía los tribunales administrativos.
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Y son las alcaldías las grandes ausentes de ese raro ente colegiado. Si ya había incluido a autoridades en su inusual esquema, no se ve motivo para la omisión.
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Otro punto controversial de la nueva dependencia es que su titular será un objeto utilitario, sin más poder que el que le quiera dar la Junta Directiva. Con voz, pero sin voto en su propia dependencia. Un caso inédito en una instancia procuradora de justicia.
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Y eso nos lleva a la ubicación del poder real en la nueva Procuraduría Urbana. No la Junta Directiva, sino en su presidente, el titular d ela Secretaría General de Gobierno.
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Son varios los señalamientos en el sentido de que es Alejandro Leal Tovías el verdadero poder decisor en la administración estatal. Al menos en lo que a nombramientos se refiere.
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Su nombre se ha ligado a los polémicos procesos de ratificación de Javier Delgado Sam en el Consejo de la Judicatura y de la insistencia en que Felipe Aurelio Torres Zúñiga se convierta en Fiscal Anticorrupción.
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Y ahora, la Procuraduría Urbana. Se dice incluso que ya hay nombre y apellido del nuevo funcionario.
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Finalmente, está el asunto de la fecha de publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado. Nominalmente, fue el 17 de agosto, pero el registro diario de las ediciones que realiza este periódico a la página web del POE muestra que ese decreto no apareció ese día.
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La posible manipulación de fechas se ve reforzada por el hecho de que los metadatos del archivo PDF que aparece en la página web del POE muestran que se creó el 26 de agosto, nueve días después de su aparente publicación.
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En fin, la cauda de temas polémicos será larga.
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Nueve cuerpos masacrados en varios municipios del estado, cinco de ellos abandonados en Villa de Ramos, y un segundo lugar en el alza de robos de autos son hechos que comprueban el desastre que es la seguridad pública en el estado.
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Y mientras, el gabinete de Seguridad Pública presume en sus comunicados la captura del ladrón de un supermercado.
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¡HASTA MAÑANA!