El año pasado, el Interapas y la alcaldía capitalina escenificaron todo un drama para lograr un desmesurado incremento en la tarifa de los servicios prestado por el organismo operador. Esa intención chocó de frente con el Congreso, que no aprobó la solicitud, aunque estuvo a punto de hacerlo.
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El ciclo parece que se repetirá este fin de año, pues el Interapas ha empezado a maniobrar para generar un clima, al menos en el Congreso, favorable al incremento.
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Y no es porque no se necesite. En ese sentido, el organismo tiene razón al recordar con insistencia que una de las causas de su desastrosa situación financiera es que el organismo no ha recibido autorización para aumentar sus tarifas desde hace años.
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Pero también es claro que al deficitario estado de las finanzas del organismo, también han contribuido la propia Interapas y a las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Gracianos Sánchez.
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La política actual hace inviable que Soledad colabore de alguna manera con el Interapas o su contraparte capitalina. De ahí se explica la reticencia a colaborar de algún modo, incluyendo el pago de sus obligaciones.
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La alcaldía navista, ella sí convertida en la principal impulsora del Interapas, también es una deudora del organismo.
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Esto es un problema porque, en tanto no lo solucionen, la autoridad del Interapas y de la presidencia municipal navista se enfrentarán a reproches cada vez que llamen a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones y a pagar sus deudas.
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La diputada morenista Marite Hernández erró dos veces en una entrevista al hablar sobre el estado de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las alcaldías y el modo en el que supuestamente deberían solventarse.
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La legisladora afirmó que los infractores detectados en las cuentas públicas 2017 tienen oportunidad de solventar las anomalías hasta el 31 de agosto.
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La realidad es que la fiscalización de las cuentas públicas 2017 ya está cerrada y está en etapas de sanciones. Ya no hay modo de aclarar irregularidades de ese año. El periodo para el que todavía hay plazo es el de 2018. La legisladora confundió los años.
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También confundió atribuciones, al pedir que interviniera la Auditoría Superior de la Federación en algunos casos, cuando se trata de recursos locales, cuya fiscalización corresponde a la ASE. El riesgo es que estas inexactitudes afecten el proyecto de fiscalización.
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El gobierno del estado demostró que nada cambiará en materia de seguridad. Un día después de los señalamientos del ahora ex titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), Raúl Alanís Beltrán, la administración de Juan Manuel Carreras apunta a que nada cambiará porque todo funciona.
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La misma errónea estrategia que ha llevado a San Luis a la problemática situación que ahora vive.
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¡HASTA MAÑANA!