Literal, un fantasma recorre de nuevo a las dependencias públicas potosinas: el de las empresas “fantasma”, usadas por funcionarios para justificar cuantiosos gastos con facturas de dudosa procedencia, que muchas veces parecen ser el eslabón de una cadena fraudulenta para desviar al erario.
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Como bien se recordará, la anterior legislatura fue elevó a niveles industriales la práctica de justificar el gasto de millones de pesos de los fondos legislativos en la dudosa entrega de apoyos de gestoría.
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Pero, como lo revela ahora el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a la orgía de facturas dudosas parecen entrarle a todos niveles de la administración pública potosina.
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Los ayuntamientos gallardistas de la capital, el gobierno del estado, dos universidades, otros ayuntamientos y hasta la SEP se vieron descobijados como clientes frecuentes de uan empresa que tiene todos los ingredientes para ser considerada la tapadera de un millonario desvío de recursos públicos.
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Y aún más, de recursos en general, pues el SAT le halló a 79 Integradora Empresarial Center entradas por 114 millones de pesos (15 millones eran recursos públicos) provenientes de constructoras, hoteles, cámaras empresariales, particulares, hospitales y otras empresas de diversa laya.
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Con la compañía “fantasma” podían facturar prácticamente todo: software, pintura, maquinaria pesada, decoración de interiores, arreglos florales, juguetes, dulces, cobijas, mantenimiento a computadoras y a subestaciones eléctricas.
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Lo curioso es que el SAT encontró que la empresa ni tenía el capital suficiente, ni el persnal capacitado para brindar todos los bienes y servicios que ofrecía.
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Y como buena empresa “fantasma”, ésta dio un domicilio falso.
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Todos los ingredientes de una operación fraudulenta, en la que buena parte del servicio público potosino participó.
El gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino están incurriendo, de nuevo, en la práctica mediática de ligar la reciente reducción de los índices delictivos de febrero a sus actuaciones en el combate a la inseguridad.
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Y ya no sólo a nivel local. A últimas fechas, tanto el gobierno de Xavier Nava Palacios como el de Juan Manuel Carreras López han aparecido en notas y en columnas de diarios de la Ciudad de México en donde se da cuenta de la baja de algunos delitos tanto en la capital y en el estado.
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La estrategia tiene dos asegunes: una, es parcial, pues en ella sólo se seleccionan las variables favorables o, de plano, no se explica de dónde aparecieron sus números.
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En segundo término, la disminución de los índices en uno o dos meses ni de lejos marca una tendencia. Estadísticamente, son más los meses en los que el índice delictivo se eleva en comparación al periodo anterior que los que se reducen. Hubiera sido más prudente esperar a ver si la reducción se sostenía constante o si en realidad, era parte del zigzag de las estadísticas.
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El riesgo para ambas administraciones es que, si la incidencia criminal sube, no habría modo de evitar ser responsabilizados de la misma, así como, presurosas, ambas administraciones corrieron a adjudicarse las disminuciones.
¡HASTA MAÑANA!