El señalamiento del coordinador regional en México de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, de que el Congreso de San Luis Potosí actuó de mala fe cuando canalizó la iniciativa presentada por ese ente y un grupo de periodistas potosinos para anular la Ley Serrano como correspondencia para evitar darle el trámite correspondiente es el más reciente desliz que deben enfrentar los legisladores potosinos.
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Pero parece que los diputados están dispuestos a eso y más para defender la herramienta que le permite al Estado, y más específicamente, a las autoridades ligadas al gallardismo.
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Sin embargo, la organización defensora del periodismo en México ya anunció que buscará otras vías para impugnar la grosera maniobra implementada por el área de Servicios Parlamentarios del Congreso, pero que seguramente recibió órdenes superiores para ejecutarla.
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En ese caso, los diputados harán bien en no sentirse tranquilos de que esa burda chicanada será el fin de la historia.
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Y en el Poder Judicial tampoco van las cosas bien. Junto con la Fiscalía General del Estado, han sido duramente señaladas como las autoras de una estrategia para mantener a Christian Herrera, un periodista y creador de contenido de la Huasteca, en prisión a través de alargar de manera artificial su proceso.
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Ante el mañoso proceder de ambas instancias, el reportero huasteco ha decidido imponerse una huelga de hambre como forma de protesta a fin de interrumpir esa condenable estrategia. Han pasado muchos años desde que alguien, llámese político, activista, periodista u otra adscripción, han llegado a esta protesta extrema.
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Eso da una idea del grado de agravio que ha generado la decisión de ambas instancias. En cada una, hay nombres a los que se responsabiliza de esta situación: el agente del MP Rubén González Campos, y el juez de control Pablo Alvarado, ambos involucrados en la ola de casos en los que se ha criminalizado a periodistas y creadores de contenido y que ya llevó a tres de ellos a la cárcel.
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Dos de ellas ya salieron, mientras que Herrera sigue dentro de la cárcel.
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La ofensiva gallardista contra la libertad de expresión está manchando gravemente la imagen de instancias que se supone son autónomas e independientes.
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El síndrome “Teatro del Pueblo” ya atacó al ayuntamiento capitalino.
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En la pasada edición de la Fenapo, el patronato y el gobierno del estado presumían la asistencia de cientos de miles de asistentes a las funciones más llamativas, lo que, por un lado, tenía tintes de evidente exageración y, por el otro, de ser ciero, implicaba una burla a las normas de protección civil, pues el riesgo de concentrar semejante cantidad de personas en un espacio limitado era alto.
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Ayer, la alcaldía capitalina afirmó que a la transmisión del partido entre México y Corea del Sur en la Plaza del Carmen, habían acudido ¡diez mil personas!.
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El pasado 14 de mayo, el alcalde Enrique Galindo había afirmado que el cupo máximo en la plaza Fundadores, la primera opción de la alcaldía para el evento, era de tres mil personas.
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¿De dónde sacaron que en un espacio menor iban a caber tres veces más? Y de nuevo, si fuese cierto, se generan muchas dudas sobre si tal cifra es permitida por las normas de protección civil.