Mientras que la Arena Potosí sigue su lento avance, la posibilidad de que este año se repita el Campeonato Nacional de Charrería entró a litigio.
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Al igual que en el entorno político, los charros federados están en campaña este año por renovar la presidencia de la Federación. Y como en los partidos, en los lienzos también se llevan fuerte.
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Marcos Ordóñez Buendía, líder de los charros tabasqueños, quiere llegar al liderazgo que estaría por dejar José Antonio Salcedo, el “amigo de la pala” del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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Quiere aprovechar el descontento que ha dejado la gestión de Salcedo, en buena parte desatado por el manejo del campeonato anterior, que resultó un fiasco ante el incumplimiento del gobierno potosino de un escenario como la Arena Potosí, que obligó a celebrarlo en un improvisado parque de beis.
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El enojo en algunos sectores de la charrería fue doble al conocerse en noviembre, que de manera unilateral y violando sus propios preceptos, que prohíben la repetición de sedes en dos años, otorgaron el torneo de nuevo a San Luis, para que el gobernador Ricardo Gallardo tuviera el torneo de su deporte favorito en la Arena Potosí, si es que se llega a terminar a tiempo.
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Es ahí donde el asunto se judicializa. El año pasado, Ordoñez Buendía impugnó la sesión en el que se dio de nuevo la sede del torneo nacional a San Luis, argumentando una violación a los estatutos de la Federación. Lo hizo ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.
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La instancia tendría jurisdicción para decidir la legalidad de la decisión sobre el torneo en San Luis, pero rechazó de plano hacerlo.
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Fue por eso que el inconforme presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Quinto del ramo administrativo en la CDMX, que lo aceptó y le dio el número de expediente 450/2024.
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Y el 24 de abril pasado, el juez concedió el amparo contra la decisión de la CAAD, a la que ordenó aceptar la petición de impugnación contra la entrega de un segundo torneo consecutivo a San Luis.
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Esto no implica que el evento sea cancelado, pues la comisión de la SEP pudiera validarla, pese a la evidente violación de los estatutos charros.
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Sin embargo, evidencia que un segundo torneo en San Luis no tiene una aceptación total en la Federación Mexicana de Charrería y que existe una intención activa de cancelarlo.
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¡HASTA MAÑANA!