Antes de la noche fatídica del Rich, hubo varios incidentes en antros: uno en la noche previa a la elección, cuando entró en vigor la Ley Seca, en un negocio ubicado en Pedro Moreno.
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Luego, dos trifulcas previas fuera de establecimientos que seguían operando a horas bastante más allá del horario permitido. Uno en el centro y otro en la zona de Himalaya.
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Estas situaciones reflejan que las dependencias municipales y estatales encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de funcionamiento de bares y antros han fallado de manera desastrosa.
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En el ayuntamiento y en el gobierno del estado incurrieron en una escalofriante admisión: supieron que había irregularidades y fallas, que una autoridad más acuciosa hubiera les hubiera dado seguimiento, pero no hicieron nada.
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En el ayuntamiento, señalaron que no habían recibido solicitud de autorización del malogrado concierto que generó la tragedia, por lo que no hubo posibilidad de realizar una revisión de seguridad. ¿En serio?
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El Rich es un sitio popular entre los jóvenes y el concierto tuvo una difusión importante en la cuenta de Instagram del bar, ahora borrada. ¿No monitorean en la alcaldía este tipo de anuncios? ¿Un gobierno municipal que se presume proactivo sólo actúa en realidad cuando tiene una solicitud enfrente?
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Y en el gobierno estatal, una inspección al sitio realizada en marzo detectó situaciones inseguras en las instalaciones del bar, Protección Civil recomendó fueran resueltas antes de dar una autorización. Y se olvidó del asunto.
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Ya no hubo verificaciones posteriores ni se constató que el antro no siguiera operando.
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Precisamente en marzo, apareció en Google una crítica en la sección de opiniones sobre el servicio del antro que también anticipaba el desastre: “Antro con pésima atención por parte del personal de seguridad, menores de edad a todo lo que da, alcoholizados, pero se abanderan con actos de ilegalidad”.
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Si el Rich admitía a menores de edad y se atrevió a convocar a un evento que tuvo una respuesta que los rebasó, sin atreverse a cancelar en aras del negocio, fue porque las autoridades de los dos niveles fueron omisos en cumplir con su responsabilidad.
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El caso del Partido Laborista, que nominó como candidata a una mujer de la tercera edad a la que no le enteró del trámite, es una variación de una autoridad que no cumple al 100 por ciento con su tarea.
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¿No verificó el Ceepac ni siquiera si el domicilio que presentó como sede ese partido? Que en realidad sea un domicilio comercial aumenta la mala espina contra ese partido.
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¡HASTA MAÑANA!