Parece muy lejano aquel dos de abril de 2020, cuando San Luis apenas se empezaba a dar cuenta de la gravedad del nuevo virus que empezaba a infectar a la población.
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Y en cuestión de números, la distancia se hace astronómica cuando la entonces titular de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel, hacía el primer cálculo del impacto de la naciente pandemia si los potosinos no cumplían con la reglas de, en aquel tiempo, la nueva normalidad.
Decía la fallida candidata morenista a la gubernatura que el rango mortal del Covid sería desde 446 vidas segadas hasta “el peor de los escenarios por encima de los mil muertos”.
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Catorce meses después, San Luis ha rebasado con mucho ese primer pronóstico catastrófico, con cinco mil 647 decesos y 65 mil 156 contagios, poco más del doble de la cifra que la funcionaria también consideró como catastrófica.
Pero va a ser peor, pues Rangel Martínez se quedó muy por debajo de lo que la realidad le traería a San Luis: unas doce mil muertes totales, cuando se confirme la cifra que la Secretaría de Salud estima como casos de Covid, que no han sido confirmados.
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Es muy posible que no ocurra, pero sería ideal que, ya cuando la situación pase y la pandemia sea realmente controlada, alguna autoridad llame a cuenta a quienes tuvieron como responsabilidad el manejo de la pandemia y expliquen las causas de su monumental equivocación.
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Ayer por la tarde, el Tribunal Electoral del Estado publicó en sus estrados electrónicos información relativa al juicio de nulidad electoral TESLP/JNE/29/2021 presentado por los partidos integrantes de la Coalición Sí por San Luis contra el triunfo de Ricardo Gallardo Cardona, declarado por el Ceepac tras el conteo posterior a la elección del 6 de julio.
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El TESLP da cuenta de que ya recibió algunos informes pedidos al Consejo y anuncia que, por razón de turno, será la magistrada Denisse Porras la encargada de verificar primero que no haya motivos de desechamiento temprano y, segundo, procesarlo en caso de que cumpla los requisitos establecidos.
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Así, se da el primer paso en un proceso que nos recuerda que, como sucede con el béisbol, la elección no acaba hasta que se acaba.
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Algunos líderes de la iniciativa privada están pecando de ingenuos al anunciar que propondrán alternativas para cargos para el gabinete económico del gobierno gallardista.
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Y es que algunos estuvieron detrás de las cámaras y organismos empresariales que propiciaron la alianza PRI-PAN-PRD, que fue promovida a nivel nacional, precisamente, por el sector empresarial, y luego bajada a los estados.
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La participación empresarial fue muy activa en este proceso electoral, en el que la IP fue más bien parte de la campaña contra la 4T.
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Pensar que de buenas a primeras, el nuevo gobernador, al que le jugaron las contras, va a palomear sin chistar los nombres que le entreguen es tener demasiado optimismo.
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Que tras la caída de Gabriel García de la poderosa Coordinación General de Programas para el Desarrollo, el virtual brazo electoral de la 4T, seguirá el desplome de varios de los super delegados en las entidades, empiezan a señalar medios nacionales.
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Y que en esa lista de lugares donde se afila a guillotina está San Luis.
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¡HASTA MAÑANA!