De inicio, es lamentable la muerte del político priista Aurelio Gancedo Rodríguez. Como todas las víctimas de la delincuencia en México y en San Luis Potosí, no merecía el final que tuvo. Y, como todas las víctimas, el Estado le debe la investigación de su caso y el castigo a los responsables.
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El caso cae en un mal momento, a sólo unas horas de que se difundieran las cifras delictivas de 2019, y con ellas, se diera plena certeza de que el año pasado fue el peor en materia delictiva en el estado.
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La atroz forma en que murió el político potosino también deja una terrible impresión, por la sevicia que su o sus asesinos le imprimieron.
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Gancedo Rodríguez se suma así a la lista de políticos y funcionarios potosinos caídos por acción del crimen, que incluye casos ya lejanos, como el del alcalde capitalino Juan Antonio Ledezma Zavala, asesinado en agosto de 1982, o casos del pasado reciente, como el del alcalde de El Naranjo, asesinado en el palacio municipal de El Naranjo en septiembre de 2010 o la muerte violenta de la lideresa priista en el municipio de Lagunillas, Cecilia Izaguirre Camargo, ocurrido en 2015.
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El origen político de las víctimas de estos casos, en su mayoría, no se distingue de los centenares de homicidios en San Luis cometidos en los últimos años: la impunidad.
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La muerte de Aurelio Gancedo reviste, sin embargo, un rasgo significativo que, al menos en el papel, hace creer que tendría una resolución diferente: el sistema político potosino perdió ayer a uno de los suyos y es muy probable que, quizá no públicamente, reclame justicia.
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Ya se verá si eso significa algo para el gobierno de Juan Manuel Carreras López.
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Resulta muy llamativo el modo en el que las autoridades intentan escabullirse en situaciones adversas, que exponen su efectividad y cuestionan su capacidad de responder ante los problemas.
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Es el caso del gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Expuesto su fracaso para contener la delincuencia, también por las cifras del SNSP, la mejor respuesta que pudieron dar fue argumentar que no todos los delitos que se cometen en su municipio son su responsabilidad.
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La alcaldía regatea qué delitos le toca enfrentar y cuáles no, aludiendo a la división de poderes que, desde luego, le importa un cacahuate a la delincuencia.
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Y, sin mostrar números, alega que hay estadísticas propias que han mejorado, a contracorriente de las cifras federales.
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La práctica también se da, aunque en un tema distinto, en los Servicios de Salud, para evitar reconocer el incremento de la deuda del organismo.
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La titular de la dependencia, Mónica Rangel, rebaja un pasivo de mil 500 millones de pesos a “solo” 500 millones.
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En el malabar, la funcionaria desconoce de manera tajante documentos en los que aparece su propia firma y que plasman el incremento de la deuda de su dependencia.
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Tampoco parece darle importancia a que la información que desdeña es la que presenta nada menos que el propio gobierno federal, a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
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En materia de pretextos, hay ocasiones en que las autoridades se ponen creativas.
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¡HASTA MAÑANA!