El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona lanzó ayer el dardo más cercano en contra del exmandatario estatal, Juan Manuel Carreras López, dentro de su estrategia de responsabilizar a la pasada administración de cuanto mal, real o imaginario, sufre San Luis.
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No fue directo, pues el anuncio formal de investigación mencionó a los cuatro personajes que ocuparon la Oficialía Mayor en el sexenio pasado (la alcaldía capitalina fue daño colateral, pues el comunicado oficial del gobierno estatal no olvidó mencionar que dos de ellos eran actuales funcionarios municipales), pero sí le atribuyó específicamente al antecesor de Ricardo Gallardo la responsabilidad de autorizar, entre 2017 y 2021, contratos por 321 millones de pesos cuya legalidad puso
en duda.
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Se trata de compras de papelería, artículos de limpieza e insumos de cómputo realizadas por la pasada administración sobre los cuales la Contraloría General del Estado sospecha que hubo irregularida-
des graves.
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No es cosa nueva. En el mismo gobierno carrerista hubo señalamientos sobre la sospechosa frecuencia con que diversas dependencias realizaban negocios con varias empresas, algunas de las cuales, eran verdaderas navajas suizas de los negocios, pues cubrían un amplio catálogo de productos y servicios.
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Es el caso de Lujime Comercia-
lización, una empresa que frecuentemente aparecía en los listados de contrato y de pagos de
las dependencias.
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El gobierno gallardista decidió indagar estas situaciones y es positivo. Ahora tiene la obligación de probar que hubo en realidad conductas ilegales y, por lo pronto, sancionables. Si lanzó la acusación directa a Carreras López, sería contradictorio que no fuera investigado también.
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Sin embargo, hay puntos que hacen nacer dudas sobre la indagatoria anunciada. En primer lugar, está un error inocultable en las cifras presentadas por la CGE. Concretamente, al referirse a la cifra pagada por la compra de equipo de cómputo, concretamente toner, el comunicado oficial señala que fue de más de 192 millones de pesos. Atribuye el gasto, desde el encabezado del texto, directamente a
Carreras López.
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Sin embargo, al sumar los montos anuales correspondientes al exgobernador, de 2017 a septiembre de 2021, el monto es de 182.3 millones de pesos.
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¿Dónde está el error? En que la CGE agregó a esa cifra 10.1 millones de pesos en gasto de ese rubro… hecho en 2022, ya con la actual administración. La dependencia deberá revisar con mayor rigor los números para evitar que se cuelen yerros de esta clase en la investigación formal.
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Otro de los puntos que resaltó la CGE fue que la mayor parte del gasto ocurrió durante la pandemia, cuando el aislamiento sanitario estaba activo y los trabajadores del gobierno estatal se resguardaron en sus casas haciendo “home office”. Sin embargo, si bien en 2020 y 2021, los años de la pandemia, se erogaron 118.4 millones de pesos en estos rubros, cuando supuestamente la actividad se redujo al mínimo, la cifra representa el 36% de ese gasto. El grueso del mismo, ocurrió en años previos al Covid.
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Por otro lado, los registros de contratos y pagos de 2022 y 2023 de ocho dependencias estatales muestran contratos y pagos vinculados a operaciones con Lujime. ¿Esas operaciones también están bajo sospecha y serán investigadas?
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¡HASTA MAÑANA!