Una tremenda irresponsabilidad, lleva a miles de potosinos a creer que por el hecho de que recibieron la vacuna contra el Covid-19, ya no pueden contagiarse ni contagiar a los demás. La pandemia no se ha detenido, está en su apogeo, y el Semáforo Verde que el Gobierno Federal ordenó, ni siquiera es indicio de que ya no haya situaciones de peligro.
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Se trata de un sistema de medición del bajo riesgo, que diariamente es variable. Eso sí, puede que el manejo de los colores sea confuso, si se considera que no es lo mismo un semáforo verde en pandemia, que el mismo color para cruzar una calle.
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Apenas llegan las noticias de Semáforo Amarillo o Verde, y de inmediato surgen por donde quiera fiestas y reuniones. Pocos de los protagonistas de la organización, reparan en aquel o aquellos asistentes que sin tener síntomas, son transportadores del virus y pudieran llevarlo a personas que desafortunadamente morirán en los próximos días.
Los más de 19 meses de encierro y de restricciones, para miles todavía son insuficientes para el aprendizaje del manejo de una pandemia que de marzo de 2020 a la fecha, ha enlutado a miles de familias en territorio potosino.
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Es probable que apenas la mitad de la población esté vacunada, pero resulta que en forma proporcional, la inmensa mayoría de los contagiados, son personas que ya recibieron una o varias dosis de anticuerpos de coronavirus Covid-19, es decir, son los que perciben que ya inoculados tienen permiso para transportar el virus y afectar a personas con vulnerabilidades, que aún con la vacuna no pueden procesar el virus como aquellos que no presentan factores de riesgo. La mala educación no estaba en las escuelas. Esa viene de familia.
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Firmar contratos que trasciendan la administración estatal requieren por fuerza autorización del Congreso del Estado. Ningún gobierno puede tomar decisiones acerca de contratos por su propia cuenta, si éstos afectarán el futuro de la entidad por un periodo mayor a la vigencia del gobierno que los promueve. Es por ello, lógica, la decisión de trabajar con los contratos previendo las fechas de cambio de estafeta en el Poder Ejecutivo.
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No atender el vencimiento, por principio de cuentas se convertiría en una más de las herencias al gobierno sucesor. Así ocurrió por ejemplo con el contrato de arrendamiento de vehículos para seguridad pública y otras áreas en el municipio de la capital.
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El ahora ex alcalde Xavier Nava Palacios, no percibía el ambiente propicio para planear negociaciones con el Congreso del Estado y buscar el arrendamiento de vehículos más allá del gobierno que se fue. Llegó Enrique Galindo sin parque vehicular suficiente, pero también sin el compromiso de pagar ese arrendamiento.
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El gobierno estatal dio por terminados sus contratos con días de anticipación al fin de su administración. Así, llegaría el nuevo gobierno con la responsabilidad de crear sus propios escenarios para allegarse de los servicios externos, de acuerdo a su propio criterio.
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Cada gobierno de cualquier nivel tiene la obligación y la responsabilidad de planear la vigencia de los contratos por prestación de servicios que firma; de lo contrario, estará faltando a la regla de no interferir con sus decisiones en las formas de gobierno de los otros.
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Se acabó el periodo de los contratos de mantenimiento del sistema de videovigilancia y más vale que no hubieran rebasado el inicio de la vigencia del sexenio actual.
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¡HASTA MAÑANA!