El fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que rechazó el intento del gobierno potosino para revocar la decisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) abre la puerta a muchos cuestionamientos sobre las anomalías de los anteriores gobiernos priistas, de la estrategia legal de esta administración, pero sobre todo, de la voluntad de esta administración de no dejar en la impunidad a los antecesores que tanto se critica.
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El miércoles, el pleno del TFJA confirmó un fallo previo que anulaba la defensa de este gobierno contra el cobro del SAT de más de mil 600 millones de pesos de retenciones a burócratas que el gobierno de Juan Manuel Carreras López omitió entregar al SAT en 2018.
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Literalmente, la pasada administración tomó dinero que no le correspondía y lo destinó a quién sabe qué fines.
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El gobierno actual ha mantenido en la semipenumbra este asunto. Apareció en el reporte del cuarto trimestre de la cuenta pública de 2024. No ha reportado nada más, incluido el hecho de que el gobierno litigaba el asunto.
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De hecho, oficialmente, el gobierno potosino no ha emitido ninguna postura, y la información periodística que ha surgido aquí, en especial en los medios inclinados al gallardismo, se enfocan en destacar la versión que coincide con el aparentemente intenso repudio que este gobierno muestra por sus antecesores.
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A diferencia del Poder Judicial, que ventila oportunamente todos los pasos de los procesos que tramita, el TFJE se guarda todo hasta que no haya una sentencia. Como la de este caso se emitió apenas antier, pasarán semanas antes de que se conozca públicamente.
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Pero por lo que manifestaron los magistrados durante los breves minutos que discutieron el asunto, los argumentos de la administración estatal fueron “inoperantes e infundados”, lo que no habla bien de la defensa potosina.
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Habrá que esperar hasta ver el documento público para examinar dichos argumentos.
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Por otro lado, la sentencia abre un debate sobre qué tan serio es el gobierno del estado en sus amagos contra las pasadas administraciones.
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De tanto usarlo, el eslogan que acuñó esta administración, el de la “herencia maldita”, ya perdió todo sentido.
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La anomalía que destapa la exigencia del SAT es muy seria, pues equivale al desvío de recursos. Y genera consecuencias penales.
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El gobierno gallardista tiene una gran oportunidad para demostrar que tiene más que una frase para sus antecesores. No hacer nada abriría muchos cuestionamientos.
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Uno de ellos podría ser que, en la práctica, era lo que hizo este gobierno en casos como el de Pensiones, en donde se acumuló un multimillonario adeudo por retenciones hechas a trabajadores estatales no pagadas al sistema estatal de retiro.
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“Alito” Moreno salió raspado tras el ofrecimiento de alianza al PVEM. El Partido Verde lo desdeñó sin siquiera necesitar a alguien que lo declarara. Le bastó solo un boletín.
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El priista le dio más importancia y consideró salir a responder personalmente, achacando la negativa del Verde a su sumisión a Morena y tratando de salvar la cara diciendo que la invitación no había sido solo para los verdes.