Tras la descobijada que le puso Ciudadanos Observando al gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la falta de respaldo a su dicho de que la exsecretaria de Salud del pasado gobierno, Mónica Rangel Martínez, regresó al estado 150 millones de pesos, presuntamente por fuera del canal judicial que llevaba el caso, ahora le lanzan la pelota a la Fiscalía General del Estado.
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Luego de que cuatro dependencias consultadas por la vía de la transparencia sobre el destino del dinero, y de que estas se echaran unas a otras la responsabilidad, el Ejecutivo siguió guardando silencio.
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Del Congreso, sin embargo, sale la sugerencia de que sea la FGE la que tome la responsabilidad. Manuela García Cázares le debe al líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, Marco Gama, la idea.
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Como ocurrió en la elección de consejeros alumnos, la UASLP no pudo evitar los sobresaltos en el proceso de los consejeros maestros. Sólo que fueron más discretos.
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Desde reclamos por la falta de respeto a la equidad de género en las candidaturas en algunas facultades (no es una sorpresa: dominaron los hombres en la titularidad) hasta amagos de dejar fuera a candidaturas “no oficiales” a través de maniobras burocráticas.
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Nada diferente a lo que se puede ver en las desprestigiadas elecciones de partidos o de cargos públicos.
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Tiembla Donald Trump. En la sesión del pasado 11 de marzo, el diputado morenista Cuauhtli Badillo presentó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo, el Poder Judicial, los ayuntamientos y los organismos autónomos dejen de comprar productos de origen estadounidense o fabricados por empresas asentadas en ese país, en represalia por la bizarra agresión arancelaria en contra de nuestro país.
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“Esto en apoyo a nuestra economía nacional y en rechazo a las amenazas de injustas medidas arancelarías contra nuestro país”, señala la iniciativa.
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Además de patriotero, el gesto pierde de vista un factor relevante: la opacidad con la que se manejan las adquisiciones gubernamentales en San Luis, especialmente las del Ejecutivo, hacen imposible saber qué productos cobran. Mejor sería que el Congreso exija que se transparenten sin cortapisas todas las compras gubernamentales.
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En Villa de Pozos, el concejo ya tiene cuenta de Facebook, Tik Tok e Instagram, pero todavía no se abre una página web institucional en la que no sólo se difundan las nimiedades que suelen verse en redes sociales, sino información pura y dura de todo tipo, legal, de servicios y de transparencia. A ver si hay un apuro igual por lanzarla pronto.