Desquiciar una ciudad a cinco días del fin de un gobierno, casi es cosa fácil. Si bien los nuevos mandos policiales del Estado comienzan a tomar sus propias decisiones, para dar forma a la transición en el Poder Ejecutivo Estatal, y tomar los controles de una de las instituciones más delicadas de la administración pública, parece que hay algunos interesados aprovechar el poder del gobierno que se termina y, poco a poco, desde el resultado electoral de junio pasado, se va extinguiendo.
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Hay elementos del área de seguridad que ya participan en la planeación de la ceremonia física de toma de protesta del nuevo gobernador. Sin embargo, no están facultados para intervenir en la liberación de vialidades.
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Apenas aparecieron taxistas para obstruir la ciudad y con ello, presionar por el reparto de concesiones lo más pronto posible, y un grupo de policías y personas que se identificaron como agentes de Ministerio Público, tomaron su ejemplo y con toda impunidad, afectaron a miles de potosinos que circulan por el Distribuidor Juárez, y tomaron por asalto el tiempo y las necesidades de gente inocente, que en nada se relaciona con las exigencias de aquellos que sostienen movilizaciones desde hace años. No fueron retirados con prontitud, pero tampoco ellos consideraron las cuantiosas pérdidas que representan las movilizaciones.
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Las protestas que mantienen la división física de las vialidades de tránsito continuo, representan el epílogo de un gobierno cuya autoridad se fue deteriorando casi desde el principio del actual sexenio. No es de dudar qué esa condición fue aprovechada por los policías y ministerios públicos, que se duda vuelvan a hacerlo si la autoridad da el manotazo en la mesa. Hasta entrada la noche, no se sabía si detrás de las gestiones del gobierno para retirar los plantones, la autoridad ya preparada denuncias por el bloqueo de vías generales de comunicación.
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Es paradójico, que si son ministerios públicos responsables de formular imputaciones a probables delincuentes, sean ellos mismos los que incurran en una conducta delictiva, al bloquear carreteras en las que no se sabe si la libertad de tránsito, era asunto de vida o muerte para una persona que pudiera quedar desahuciada nada más en la espera de llegar al hospital, o quizá no llega a tiempo un órgano para un trasplante, muere un paciente que debía llegar para recibir respiración artificial por neumonía relacionada con el coronavirus, alguien perdió su vuelo y no llegó al aeropuerto, un familiar no alcanzó a despedirse de su pariente moribundo, un padre de familia atorado no pudo suministrar la comida a sus pequeños que esperaban en casa, o alguna patrulla no alcanzó a llegar a someter a delincuentes peligrosos.
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Ahora resulta que las necesidades de un grupo de policías y ministerios públicos, tienen más trascendencia social que el caos que causan al tomar como rehenes a miles de ciudadanos y dejarlos varados en el Bulevar San Luis y otras decenas de calles. Por lo general, hacer daño a otros, es una estrategia común de desadaptados sociales, que de seriedad, poseen lo que un cocinero de pasteles tiene de astronauta. Nada.
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Y de paso y en nuestra ciudad, comerciantes ambulantes que también obstruyen la vía pública, pero forman parte de la población informalmente activa en la economía, aún son gremios difíciles de contabilizar. Unos cuantos miles, para todos los que aparecen por las calles, parecen dar cuenta de que ni la Unidad de Gestión del Centro Histórico ni la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital hacen bien su trabajo. La percepción de comerciantes es mayor, si se considera que tan solo el tianguis dominical de la avenida Hernán Cortés, puede reunir hasta 5 mil comerciantes en un solo evento. Todo mundo sabe que existen, pero los padrones poco los ven.
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¡¡HASTA MAÑANA!!