Aún siendo del Verde, el gobierno potosino no ha dejado de ofrecer su respaldo a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples desplegados. Lo ha hecho a toda costa, incluido el correr el riesgo de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fuera declarado infractor electoral.
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La identificación entre ambos gobiernos es tal que en el logotipo del primer informe de Gallardo Cardona, una estilizada especie de flor con pétalos verdes, tiene también un par de ellos color guinda.
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Amor con amor se paga, si se entiende por amor apoyo político irrestricto y amor por montones de dinero. San Luis Potosí recibirá al menos seis mil millones de pesos más en 2023 que lo recibido este año en el presupuesto federal. Un jugoso 15 por ciento de incremento.
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Pero además, está el gasto propio de la Federación en San Luis Potosí. Esta entidad es la que recibirá el tercer mayor monto, tres mil 142 millones de pesos, en obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por encima incluso de bastiones morenistas como Guerrero, Veracruz y hasta la Ciudad
de México.
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De cuando en cuando, sobre todo en épocas electorales, el Partido Verde Ecologista de México revive la propuesta de aplicar la pena de muerte a criminales de diversa calaña, especialmente a feminicidas.
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Al hacerlo, ese partido ha comprobado su carácter acomodaticio y oportunista, al intentar aprovecharse de la ira popular que generan los delincuentes. Afortunadamente, ha habido sensatez en los múltiples aliados a los que se ha adherido el Verde y el planteamiento no ha pasado de ser una ocurrencia electoral.
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Pero ahora, ante la persistencia de los feminicidos en San Luis, el último ocurrido en Villa de Arista, y la incapacidad de solucionar la mayoría de ellos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sale con el disparate legal de querer revivir la propuesta de ejecutar a los infractores, además de establecer la castración química de violadores. Para ello, anunció las respectivas iniciativas al Congreso.
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Pero no es lo peor que el propio mandatario reconociera que su propuesta es anticonstitucional, que lo es, lo que haría prácticamente inútil el esfuerzo.
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Lo abyecto lo puso la bancada del Verde en el Congreso, que de inmediato manifestó su intención de apoyar esta sinrazón. Que la bancada del Verde quiera pasar un ridículo legislativo por su líder político es entendible. Si alguna de las otras bancadas lo hace, será entendible porque se han convertido en una oposición tan mangoneada.
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No queda claro por qué, pero la alcaldía capitalina no deseaba que se hiciera público que se haya destrabado el litigio con ejidatarios de La Libertad Rancho Viejo por la construcción, en el trienio pasado, de un puente en presuntos predios ejidales.
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El ayuntamiento no informó sobre el fallo judicial que sobreseía el amparo promovido por los ejidatarios debido a que alcanzó un acuerdo con ellos en el que daba por válida la invasión de predios.
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Y no fue sino porque ayer se hizo público ese fallo, que el gobierno municipal informó que pagó los primeros cuatro millones de pesos de los doce que se comprometió a entregar como indemnización.
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Será interesante saber por qué esa renuencia. Quizá sea porque si ese litigio ya lo dan por terminado en la alcaldía, hay otro que está todavía pendiente, e involucra al adversario, el exalcalde Nava Palacios.
¡HASTA MAÑANA!