En el estira y afloja entre la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua por la cancelación de La Maroma, los que están en medio son miles de potosinos del Altiplano que siguen esperando una alternativa de abasto de agua potable segura y constante.
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Además de la discusión entre la Conagua y la pasada administración sobre quién pagará los casi 40 millones de pesos por remanentes y sanciones derivadas de la cancelación, lo que se observa que una nueva obra para cubrir las necesidades de la población está muy lejos de concretarse.
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La actual administración de la CEA no puede solo deslindarse de la controversia, pues, primero, sigue siendo la misma institución, así esté a cargo de personas
distintas.
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Pero también porque no puede avanzar en una solución para el Altiplano sin arreglar la polémica con al Conagua. Si opta por desentenderse, será la gente del Altiplanol la que pague las consecuencias.
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El sábado pasado, durante el desfile del 20 de Noviembre, aparecieron en las calles los nuevos vehículos policiales tácticos adquiridos por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona para reforzar la seguridad pública del estado.
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Se veían muy bien, no se puede negar, pero surge la duda: ¿el Black Mamba negro y el Karnaf blanco habrían sido traídos sólo para presumirlos en desfiles?
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Porque operativamente, no han servido para nada, al igual que la estrategia gallardista contra el crimen. En las últimas semanas, se han registrado graves incursiones del crimen organizado a pocos kilómetros de la capital: Ahualulco, Mexquitic y el fin de semana, en La Pila. Y la respuesta de las autoridades ha sido el silencio, primero, y luego las justificaciones
sin sentido.
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Responder que el video pudo haber sido grabado hace varios días y que no hay pruebas de que la presencia del grupo delictivo en la delegación capitalina haya sido reciente es un fútil intento de minimizar que el reto delictivo quedó sin respuesta del gobierno estatal e incluso de la Guardia Nacional, cuyo cuartel está a poca distancia de La Pila.
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El mandatario estatal presumió el pasado 7 de octubre, cuando confirmó la llegada de los vehículos, que servirían para una nueva unidad de reacción rápida tipo SWAT, cuyos integrantes “estarán fuera de la Policía Estatal, trabajarán en reacción inmediata; como podrán ver son equipos número uno a nivel mundial, que vienen a hacer operaciones tácticas de inteligencia”.
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Los agentes “de élite”, agregó, “vienen a repeler todo lo malo en San Luis Potosí, van funcionar como una barredora y las fotos que se filtraron es parte del equipo estratégico que viene llegando a la entidad”.
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Al crimen, sin embargo, pareció no importarle lo que el mandatario presuma, sea equipo táctico, policía de élite o nuevas estrategias.
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En el mes de estreno del nuevo gobierno, la incidencia delictiva registrada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró un incremento de 10 por ciento, con respecto al año pasado. En el comparativo con el mes anterior, el alza fue del 3 por ciento.
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Cambió el gobierno, pero no la ineficacia en el combate en el crimen. Y aquí ya no se trata de legados perversos. El gobierno gallardista ahora es el responsable. Y de inicio, ha fallado.