Durante la presentación de los resultados de la estrategia de protección en el contexto electoral por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la paisana Rosa Icela Rodríguez desconcertó al destacar entre los casos de violencia política el asesinato del líder de la Coparmex en el estado, Julio César Galindo Pérez.
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Sobre todo al comentar que el empresario aspiraba a una candidatura, de lo que no se recuerda noticia alguna en el ámbito local. Ofrece una pista al señalar que la posible causa hayan sido “diferencias por negocios”. Aquí, la Fiscalía General del Estado señalaba situaciones en su entorno personal como la probable causa de su asesinato.
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El carácter de candidato de uno de los presuntos implicados en su muerte también fue mencionado, aunque la postulación ocurrió en Veracruz.
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Otro dato preocupante es que se volvió a incluir a San Luis entre los estados con mayor incidencia de violencia política.
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El 5 de marzo pasado, cuando se presentó por primera vez el reporte, se reportaron tres casos en San Luis Potosí.
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Poco más de un mes después, la entidad fue escenario de ocho, es decir, cinco más. Se ubicó, empatado con otros dos estados, en el segundo lugar de incidencias violentas dentro de las campañas.
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El dato derrumba la postura estatal de que la campaña electoral está transcurriendo en calma.
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Muy grave lo que ocurrió ayer en Abastos, en donde el linchamiento de un presunto ladrón degeneró en un enfrentamiento entre locatarios, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional.
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El asunto llegó incluso al extremo de que los policías, al parecer estatales, tuvieron que disparar sus armas al aire para dispersar a los agresores.
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Pésimo manejo de un evento crítico, que evidencia que el profesionalismo de los agentes aún dista mucho de ser una característica en las corporaciones potosinas.
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Pero también demuestra el mínimo respeto a la institución de un sector de locatarios del populoso mercado.
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Y todo deriva de la impunidad: un sector azotado por la delincuencia, debido a la falta de vigilancia, pretendió, de manera indebida, hacerse justicia por mano propia.
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Todos los ingredientes se mezclaron para generar una situación muy peligrosa, que pudo haber acabado en tragedia.
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Es indudable que la situación de la economía estatal es distinta a la que privaba hace un año. Es mejor, pero podría serlo más.
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El Instituto Mexicano de la Competitividad detectó eso en su indicador de la recuperación económica en los estados.
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Parece que ahora, el gobierno estatal podría no lograr regresar el desarrollo económico a las cifras prepandemia, sino que no podría evitar dejarla a la administración que la suceda en niveles mucho más inferiores.
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¡HASTA MAÑANA!