De manera inédita, de la Secretaría de Salud se habla de algo que había sido evidente durante el mandato de Mónica Rangel en la dependencia: el desorden administrativo y financiero de la dependencia, que a veces ha rayado en la ilegalidad.
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Miguel Ángel Lutzow no menciona en ningún momento a su antecesora en su respuesta a la nota sobre el gran incremento de la deuda que el organismo ha experimentado este año, pero es evidente a lo que se refería cuando afirmó que “no existía disciplina financiera” en el organismo.
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También la mención sobre la medida de “agarrar el control administrativo” desde la Dirección de los Servicios de Salud es reveladora. Implica que dicho control no estaba sujeto en donde debía estarlo.
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Así, al señalar que no había disciplina financiera ni control administrativo en la Secretaría de Salud, se explican totalmente el incremento de la deuda, los contratos millonarios por bienes y servicios que no justificaban pagos tan cuantiosos, la preferencia sobre ciertos proveedores que les hacía beneficiarios de las adjudicaciones directas, los contratos dudosos y el uso de empresas “fantasma” como proveedores.
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Todas estas acciones ocurrieron en el periodo de Mónica Rangel. Admitirlo es un cambio radical en los modos de la Secretaría de Salud.
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Pero parece justificado cuestionar si se investigará si esa indisciplina y ese descontrol generaron anomalías que deban ser sancionadas.
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Reconocer que las cosas no funcionaban del todo bien es una cosa. Será sólo un paso parcial si no se deslindan responsabilidades
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A temblar en los dos palacios y en Fundadores. La Auditoría Superior de la Federación publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación una modificación a su programa de auditorías al ejercicio de recursos federales durante el año 2020 y agregó cuatro revisiones a instancias potosinas.
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El ayuntamiento capitalino será blanco de una revisión del subsidio para seguridad pública, mientras que el Ejecutivo deberá afrontar fiscalizaciones también en materia de fondos para seguridad y de cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. Éste último podría hacer tragar saliva en los rumbos de la Contraloría pues en 2019, una fiscalización similar detectó anomalías por tres mil millones de pesos, aunque se trató de situaciones administrativas.
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Sin embargo, en la lista de avances y fracasos de la administración, son números que no se ven bien.
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Por su parte, la UASLP tendrá que responder a una auditoría a los subsidios a las universidades públicas estatales.
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Salvo las autoridades universitarias, los responsables del manejo de los recursos auditados, y por tanto, de las anomalías que se descubrieran, ya no estarían en funciones.
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Está empezando a circular entre la burocracia sindicalizada del gobierno estatal que, a partir de ayer, el servicio médico privado fue cancelado por falta de recursos.
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El recorte de participaciones es un indicativo de que tal medida de austeridad súbita es probable. Sería un duro golpe para la administración carrerista.
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¡HASTA MAÑANA!