De dos, dos. La segunda temporada decembrina del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona también estuvo marcada por la escasez de recursos. Y como en su inicio, para afrontarla, se vio obligado a contraer deuda quirografaria, es decir, préstamos bancarios de muy corto plazo y, por lo tanto, con tasas usualmente más elevadas.
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No se conoce aún la tasa por la que fueron adquiridos, pero en una época en la que el crédito se ha encarecido en prácticamente todas sus versiones, no se puede esperar que la medida sea barata.
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En diciembre de 2021, era obvio a quién iba a responsabilizar la nueva administración: al gobierno de Juan Manuel Carreras Torres.
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Ese pretexto ya caducó y ahora, la responsabilidad financiera de esa necesidad de endeudamiento hace más difícil al gobernador Ricardo Gallardo que la pueda atribuir al pasado inmediato.
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Sobre todo, cuando esa responsabilidad financiera le corresponde a la administración actual o a autoridades que fueron designadas por ésta.
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El Conalep, el Cobach, el sindicato magisterial han sido algunas de las dependencias que más evidencian la falta de recursos.
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Una excepción es el Poder Judicial del Estado, cuyo manejo financiero es autónomo, lo que no ha evitado caer en la inopia.
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El problema está en el manejo de recursos que, en teoría, están presupuestados desde el principio del año. Una administración razonable no debería tener problemas en el ejercicio de recursos.
Por eso, llama la atención y preocupa que varias instancias del Estado enfrenten dificultades para pagar esas prestaciones a sus empleados.
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El gobierno del estado se juega la cara por esas instancias, a través de la entrega de créditos quirografarios. Públicamente, no se conoce de algún llamado de atención, presión o petición de explicaciones sobre por qué no hay dinero para pagar ya no digamos aguinaldos, sino las quincenas.
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Debería de haberlo. Evitarles a los funcionarios los problemas que generan sus manejos no es lo más recomendable.
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Los diputados cierran con una mala evaluación el ejercicio periódico de Congreso Calificado. Apenas 3 de los 27 legisladores consiguieron calificaciones aprobatorias.
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Y si la calificación más alta es de 6.3 puntos, tampoco se puede presumir esa calificación.
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Los diputados ya no pueden referirse a la curva de aprendizaje para justificar el desempeño. Y el discurso de legados nocivos no aplica tan bien en el Congreso como en el Ejecutivo.
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La mayoría de los diputados tienen en sus mentes la continuación en la vida pública (y en el presupuesto), por la vía de la reelección o el salto a otro cargo. Harían bien en preocuparse en mejorar su desempeño.
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¡¡HASTA MAÑANA!!