Hace más de cuarenta años, en San Luis Potosí, movimientos ciudadanos dieron origen a las instituciones no gubernamentales federales como el ahora llamado Instituto Nacional Electoral (INE) y a sus similares a nivel estatal como el propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
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Por ello, no deja de resultar paradójico que sea esta institución la que emitió la propuesta de ley que podría sacar de nueva cuenta a la gente, a la sociedad civil enojada, a la calle.
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Ya se vio. Los ciudadanos no podemos confiar en la mal llamada “oposición” pues se ha visto que nunca ha resultado tan cierta aquella máxima de don J. Carmen García Vázquez, acerca de que a los diputados locales (y federales) la ideología los separa, pero el dinero los une y que no hay priista que aguante un cañonazo vestido de camioneta cero kilómetros, cero millas.
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Paradójicamente también, ahora resulta que quienes se oponen a la llamada “ley gobernadora”, sean los diputados de Morena y quienes se supone que integran el bloque en el poder: la 4T estatal en pleno, junto con el Verde y el PT.
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Lo cierto es que la nueva ley que coarta los derechos electorales de la mitad del electorado, nada más no le ha terminado gustando a nadie, y ese “nadie” incluye a quien sí puede decidir echarla abajo: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Van dos días dos, en los que la presidenta “con a” ha opinado de la mencionada ley y no precisamente para aplaudirla.
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Resulta un abuso tan burdo, tan mal hecho, tan anticonstitucional que ya el PAN y la dirigencia nacional de Morena han anunciado que la combatirán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Eso esperaban los impulsores de la ley?, ¿el señor Serrano?, ¿doña Blanca Paloma, (o al revés)? Poner en el reflector nacional a la entidad, en el blanco de todos los medios e incluso de la jefa del Poder Ejecutivo federal y quien sin duda es la mejor prueba de que la equidad de género ya existía en nuestro país desde antes de que nuestros diputados decidieran ponerle zancos al género femenino potosino.
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No hay razón que explique el porque aprobar la forzada “ley gobernadora”. A menos que ni la gente del partido en el poder se crea sus mensajes, aquello de que llevan como 800 votos porcentuales de ventaja para todos los puestos que estarán en juego en 2027. ¿Qué temen? Tienen estructura, tienen autoridades municipales y operadores en todos los rincones del estado. ¿Qué sabrán ellos que nosotros no, acerca de la realidad real de la preferencia electoral, que hasta necesitan echar mano de este tipo de abusos de autoridad?
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Lo peor de todo es que, al parecer, ahora sí han despertado al tigre y a ver cómo logran ponerlo a dormir otra vez. El blanco de la ira popular, por ahora, es el Poder Legislativo, pero puede no parar ahí.
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Y pues resulta que si el Ceepac esperaba alguna clase de pago o compensación por haber propuesto la ahora llamada “ley gobernadora”, pues éste nada más no se concretó. Para el año entrante, 2026, dispondrán de un presupuesto ¡80 millones de pesos! por abajo de lo que esperaban.
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Estoicos; muertos, pero de pie como los árboles, nuestros valerosos consejeros electorales afrontarán su destino. Pobres, pero felices, cual personajes de alguna de las películas de “Pepe El Toro”.
¡Hasta mañana!