Hace algún tiempo, el Poder Judicial del Estado enfrentó varias bajas de jueces que no se atrevieron a enfrentar los cambios y retos del sistema penal acusatorio, oral y adversarial.
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No cambiarse de chip terminó expulsando del sistema a los que no modificaron sus procesos. Poco a poco, el sistema penal tradicional se fue modificando, hasta crear un escenario donde lo que se requería era convocar a la formación de jueces.
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La distribución de las mesas y salas operativas de juzgados para trabajar con los procesos penales es indispensable para garantizar la justicia pronta y expedita. Sin embargo, no ocurre así. Poco a poco empiezan a fallar hasta los intentos por invitar a destacados abogados para incorporarse al grupo de los juzgadores en la materia penal.
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Las condiciones para litigar han empeorado con la pandemia, pero también por la falta de liberación de órdenes para reactivar las salas que se encuentran cerradas.
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Jueces hay muchos que quieren, pero falta determinar quiénes de ellos reúnen los requisitos, el presupuesto al que tenga acceso en el Poder Judicial para reestructurar o reconstituir los juzgados y el avance o retroceso de las carpetas de investigación llevadas ante los jueces para dictar una resolución. Del sistema penal acusatorio nadie platica nada nuevo, los abogados competentes que se encuentran investigando las causas de la falta de salas de juzgados, parecen estar cansados de las largas distancias, como la que requieren para moverse de Salinas de Hidalgo a Matehuala.
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Algo tendrá que hacer el Poder Judicial para reabrir las salas de juzgados de primera instancia de la materia penal, si no es que por alguna causa que no sea de fuerza mayor, en algún instante se vaya a colapsar el sistema judicial o se retrasen los procesos penales por falta de garantías, precisamente de quien debería ser el órgano garante de la administración de la justicia.
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Litigar no es cosa fácil y ahora también es un síntoma de que la planeación de los roles de juego en el sistema judicial no funciona, o de que carecen de los recursos suficientes para mantener activas las salas penales.
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Desde la publicación del decreto de creación del organismo operador Interapas en el año 2007, no se habían dado tales niveles de crisis organizacional, como a partir del año 2018, cuando el rompimiento político de los alcaldes de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, Xavier Nava Palacios y Gilberto Hernández Villafuerte, respectivamente, provocó que este último se desentendiera por 3 años de sus responsabilidades como miembro de la junta de gobierno, de un organismo operador que requería la sinergia de tres municipios.
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Pasaron los años y el resultado del rompimiento político es desastroso. Parece que las secuelas de esas diferencias políticas alcanzaron a las administraciones municipales actuales.
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En seguimiento a las políticas de su antecesor, Leonor Noyola Cervantes retoma la insistencia de romper con el organismo operador, en medio de un escenario donde uno de los diputados locales más influyentes de la actual legislatura, más bien propone una reestructura que “ciudadanice” al Interapas. Veamos qué modelo se acomoda al contexto actual. Lo que más importa a los ciudadanos de la zona metropolitana, es tener agua potable al alcance, tarifas accesibles, renegociaciones de adeudos y un drenaje eficiente.
¡¡HASTA MAÑANA!!
NNNNNNN