Una nueva dimensión sobre el avance de la delincuencia en San Luis Potosí es el reporte comparativo entre un mes y el mismo lapso del año anterior, en el que el estado, en lo que va de este 2019, no ha podido salir de los primeros tres lugares por el porcentaje de incremento.
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Tercero en enero, primero en febrero y marzo y ahora, en abril, segundo sitio, apuntan a que este año será peor que el pasado en materia del registro de delitos.
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El acumulado del año también apunta en esa dirección. Apenas en el cuarto mes del año, San Luis registra un alza de casi el 50 por ciento El problema no ha dejado de ser un foco rojo, sin duda, y el discurso hueco y minimizador de las autoridades no ayuda a revertir la situación.
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La esperanza de una mejoría está enfocada a la entrada en acción de la Guardia Nacional, pero tras el anuncio del gobierno federal de incluir al municipio capitalino entre las 45 localidades prioritarias, poco se ha escuchado ya. Quizá la próxima visita presidencial traiga noticias.
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Pero mientras, el desastre de la delincuencia en San Luis persiste.
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Y aunque se viera como un avance, que algunos delitos relevantes, como los homicidios o las modalidades de robos más relevantes -vivienda, autos, negocios- no han alcanzado las cifras del año pasado, estas situaciones tienen sus días contados.
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De hecho, en abril, sólo 10 asesinatos contaban para que 2019 no superara al año pasado en ese indicador. Quizá ya para estas fechas, esa marca esté superada. Y así están los demás casos.
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Al conocerse que el proceso judicial de la llamada “Fiesta fantasma”, el desvío de 600 mil pesos de la Auditoría Superior del Estado por parte de la anterior administración del órgano fiscalizador, se habló de la posibilidad de que los ex funcionarios señalados devolvieran el dinero y, con esa especie de reparación del daño, se cerrara cualquier camino a la investigación y se libraran de la posibilidad de ser declarados culpables.
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Podría darse, señalan enterados en los círculos legales, pero sólo en caso de que la parte afectada, es decir, la ASE, aceptara recibir esa reparación.
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La posibilidad legal existe, pero en lo político, sería un desastre que alguien tomara esa decisión, pues la credibilidad institucional quedaría en entredicho.
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Pero dado que la demanda fue presentada por la actual administración de la ASE, parece remoto que la dependencia dé un giro tan dramático.
¡HASTA MAÑANA!