TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Al menos 280 candidatas a puestos de elección popular hacia los comicios del próximo mes, han renunciado en el estado, informó el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas. El 2 de junio los chiapanecos votarán por la gubernatura, por 123 ayuntamientos y 40 diputados locales de mayoría relativa y de representación proporcional.
Aunque el Observatorio de Participación no mencionó las causas del retiro de la contienda, advirtió que el hecho "es preocupante no sólo por la cantidad de renuncias presentadas", sino porque las mujeres siguen dejando las candidaturas partidistas.
Esas decisiones, consideró el Observatorio además de que lesiona los derechos de participación política femenina repercute en contra de la ciudadanía por la confusión que podría derivar en las votaciones. Es decir, "en muchos casos, dada la imposibilidad material de generar una reposición de las boletas electorales, que ya se encuentran en proceso de impresión y entrega, está el riesgo de que quienes aparezcan en las boletas el día de la elección ya no sean candidatas vigentes", argumentó.
Esa ambigüedad, propiciaría que los ciudadanos que fueran a las urnas no identificaran con certeza y precisión a los candidatos, hombres y mujeres, propuestos. En el monitoreo a coberturas periodísticas de campañas, la organización estableció que persiste una brecha que prepondera a los varones por encima de las mujeres.
Convocó a los partidos políticos y medios de comunicación que no incurran en prácticas que vulneren los derechos políticos electorales de las mujeres en las actuales elecciones.
En contraparte, propuso el Observatorio, sean aliados en la prevención de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres y contribuyan a mostrar sus candidaturas de "manera positiva" para que la ciudadanía posea información necesaria para decidir sus votos. Recalcó que la violencia de género que atente contra la participación política de las mujeres debe ser denunciada, porque el gobierno está obligado a proteger los derechos ciudadanos y resguardar a las mujeres víctimas de violencia.
Por último, planteó que las candidatas denuncien ante las autoridades competentes actos de violencia política en razón de género, incluidas las de usos y costumbres.